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Empresarios viales que solicitaron que su identidad se mantenga en reserva para evitar represalias, señalaron a ABC Color que con “la aviesa manipulación” del diseño ejecutivo de las obras de la costanera norte, el costo inicial podría trepar US$ 13,78 millones, un 22% más del monto que figura en el contrato y que de otorgarse prórrogas del plazo, como también suele ocurrir en casos de adicionales, imprevistos, modificaciones de obras, etc. le permitiría a la adjudicataria especular con los mayores costos, tal como reza un conocido axioma “obra que se prolonga en el tiempo, obra que se encarece”.
Al respecto insistieron que el proyecto original y especificaciones técnicas, que figura en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), que sirvió de base al llamado a licitación, y que fue aprobado por el FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur), para solucionar el ensanche de la Av. Primer Presidente y conectar esta vía con la Av. Costanera, previó la construcción de un túnel de 436,20 m en la intersección de la Av. Primer Presidente y Carlos Fiebrig, un paso a nivel de 1.130 m frente al Jardín Botánico y Zoológico de Asunción (JBZA) y posible estructura a desnivel en la Av. Primer Presidente, de 460 m, cuenta con proyecto ejecutivo (planillas de cálculo, computo métrico y presupuesto), no alteraba el JBZA, y el costo rondaría US$ 2 millones con el aporte financiero del 85% del total de la obra del Tramo III -Costanera Norte.
Luego, añadieron las fuentes, que los “especialistas condicionados” del MOPC, con argumentos “guionados”, justificaron el cambio de proyecto, porque en la zona de construcción del túnel detectaron la presencia de aguas subterráneas y aductoras de la Essap, por lo que habrían optado por la construcción de una estructura elevada, de 1.810 m, que invadirá una franja de 1,68 Has del JBZA,
La trama
En referencia al cambio de proyecto, los denunciantes explicaron, que si el MOPC se decidió luego por el viaducto, en la práctica se trataría de un proyecto nuevo, que debería haberse elaborado y licitado en otro llamado. También advirtieron que “no corresponde al constructor hacer su propio proyecto, a espaldas de los demás oferentes”, porque va en contra del principio de libre competencia, dado que el objetivo de las licitaciones justamente es la compulsa de precios.
Añaden que sea sabía que las aductoras de agua, señaladas como impedimento para el túnel, siempre estuvieron ahí y durante el llamado en el 2015 ya estaban informados. “Además es conocido que en vialidad urbana, por norma, las calles comparten el mismo espacio físico con otras infraestructuras de servicios, como desagües pluviales (pluvioductos), alcantarillados sanitarios, cañerías de dotación de agua corriente (maestras, secundarias, domiciliarias), telefonía, (media tensión y alumbrado público), cámaras de registros etc. razón por la cual concluyen que “serían simples excusas para inflar el presupuesto”.
Los denunciantes admiten que una de las triquiñuelas que emplea la “rosca vial” consiste en entrar con precio bajo, por ejemplo cotizando bien bajo el túnel para ganar la licitación, sabiendo que después se cambiaría el proyecto. Y que los “eventuales cambios” después de adjudicado los trabajos, es una “vieja práctica que parecía que se había dejado de lado en nuestro país”. La misma consiste en que las constructoras presenten precios bajos, a veces hasta incumplibles, considerando que a través de buenas relaciones y resortes políticos adecuados lograrían modificar el proyecto ejecutivo después de adjudicada la obra, disparando los costos para hacer rentable una obra que en principio fue ganada “con estimaciones de pérdidas”. Luego, a través de contactos políticos, se estarían asegurado para que desde el mas alto nivel se de luz verde para modificar la obra, lo que significaría, en cierto modo, reeditar la conocida “orden superior” de otros tiempos, y que la misma metodología fue usada en la licitación del metrobús, donde inventaron que la “zanja técnica” (nombre de fantasía), no fue prevista en la licitación, y que iba a costar US$ 18 millones, o sea el 34% del contrato.
Según los denunciantes son “privilegios de un exclusivo grupo de empresas que integrarían la llamada rosca vial”, que históricamente gobierna el MOPC, “esquema perverso” que a la fecha ningún gobernante se animó a desmontar. Y que causas como la del botánico está causando preocupación en diversos sectores de la construcción, ya que las licitaciones dejarían de tener sentido y sentaría un peligroso precedente. Además demostraría que el trafico de influencia está vigente mas que nunca, y que los “lobbystas” (conocidos en la jerga vial como “ordenanzas de lujo”) seguirán torciendo el brazo de los que toman decisiones sin importar pisotear las instituciones, normas, y hasta las cuestiones técnicas.
Solo un anteproyecto
Empresarios viales denuncian que el megaviaducto, adoptado luego de que desecharan el proyecto original, técnicamente se trata de un anteproyecto, porque no cuenta con los legajos respectivos, especificaciones técnicas, planillas de cálculos, cómputo métrico y presupuesto.
ccaceres@abc.com.py