En el área de las intermediarias comentaron que varios de estos beneficios se cortaron para cumplir con los requerimientos de la Ley 5476/2015, que el Ejecutivo promulgó a fines de agosto último.
El pedido de informes, cuya propuesta presentó el diputado Pablino Rodríguez (ANR), busca averiguar el cumplimiento del tope de las tasas de interés que cobran las intermediarias, que es del 14,87%. Además, si estas “tienen atribuciones”, según los reglamentos del BCP u otro ordenamiento jurídico, para cancelar unilateralmente los beneficios, descuentos y promociones de las operaciones con tarjetas de crédito.
La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y la Asociación de Entidades Financieras (Adefi) informaron esta semana de las secuelas de la aplicación de la nueva ley. Explicaron que la cancelación inmediata de los beneficios, descuentos y promociones en alianza con los comercios adheridos es una consecuencia del cumplimiento del art. 20 de la nueva ley, según el cual está prohibido “condicionar el uso de la tarjeta mediante la utilización de cualquier práctica comercial en forma discriminatoria o que afectara la libre competencia”.
Otro punto cuestionado es si las entidades bancarias y financieras de plaza tienen la atribución para incrementar, por decisión propia, el porcentaje del pago mínimo exigido para las compras con tarjetas de crédito. Algunas de las medidas que anunciaron son la cancelación de las cuotas sin intereses y de la opción de adelanto en efectivo, y modificación de los pagos mínimos, entre otros.
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La senadora Desirée Masi (PDP) anunció en la sesión ordinaria del Senado del jueves último que en breve presentará un proyecto de ley para que el dinero destinado al pago de los salarios del sector público ya no se sigan depositando en los bancos privados, en respuesta a la amenaza que hicieron los entes financieros a la ciudadanía tras la promulgación de la ley que fija el límite a las tasas de las tarjetas de crédito.