Cargando...
Agrega que lo ocurrido en Ñu Guasu a partir de octubre de 2012, cuando comenzó el atropello a las vías del lugar, constituye además “un hecho grave en el ámbito del manejo administrativo público, al ser avasallado el principio de legalidad previsto por la Constitución Nacional y nuestro marco jurídico administrativo, por el cual toda actuación de las instituciones públicas debe ceñirse reverencialmente al precepto siguiente: lo que no está permitido, está expresamente prohibido”.
Se refieren al hecho de que los bienes ferroviarios de la época de los López están protegidos por un conjunto de normas jurídicas, las cuales se encargan de detallar en las 13 páginas de la que consta la denuncia de los abogados Luis Carlos Jara, Constantino Rodríguez, Atilio Rodríguez y Eusebio Servián Ocampos, quienes decidieron recurrir a la fiscalía ante la inacción y aparente complicidad de los organismos encargados de velar por el patrimonio histórico.
Prueba, no cortada
En otra parte, los denunciantes destacan el hecho de que tras las primeras revelaciones hechas sobre el caso, el ministro Buzarquis, el procurador Rafael Valiente Lara y el presidente de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Marcelo Wagner, presurosamente suscribieron un “convenio de cooperación interinstitucional” para el usufructo de la franja de dominio del ferrocarril, con fecha 3 de octubre de 2012.
El convenio aludido, dicen los denunciantes, “lejos de representar una justificación, mucho menos una coartada en favor de los denunciados, importa por el contrario una prueba fehaciente de los graves hechos denunciados (que son) atentatorios contra los bienes públicos jurídicos y culturales ferroviarios” y sirve para individualizar a sus autores.
Asimismo, dicho convenio, al tiempo de reconocer el derecho del ferrocarril sobre la franja de dominio, “delata su ilegalidad, una condición leonina, su nulidad absoluta y una conducta reprochable”. A continuación, la denuncia aporta los argumentos legales de tales afirmaciones.
Ahora, las cosas quedan en manos de la fiscalía, que debe investigar el caso.