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El anuncio realizado este lunes por el Gobierno sobre los avances en una “alianza comercial” entre Petropar y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para asentarse en nuestro país, con el fin de distribuir y vender gas en el mercado local, a través de Petropar, es una consecuencia del fracaso que tuvo Cartes en el Congreso, en noviembre de 2015, con aquella presentación que realizó para convertir en ley el Acuerdo firmado con Bolivia sobre el gas, el 24 de agosto de 2015.
El Gobierno paraguayo pretendió que el Congreso aprobara “un acuerdo marco entre los gobiernos de la República del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia, para la provisión de gas natural, gas licuado de petróleo y otros derivados de petróleo”, suscrito en la ciudad de Yacuiba, departamento de Tarija del Estado Plurinacional de Bolivia, la citada fecha del 24 de agosto de 2015. El Gobierno argumentó que este instrumento internacional tiene por objeto “garantizar al Paraguay el abastecimiento continuo de los referidos productos desde la planta Gran Chaco de Yacuiba, debido a que solo el 20% de la producción de la misma será destinada al consumo interno y el 80% a la exportación”.
Recalcó Cartes en dicha nota que “este acuerdo es para que se realicen compras en condiciones comerciales que permitan un intercambio económicamente favorable y beneficioso para ambos pueblos”. Sin embargo, hasta ahora, las operaciones de compra de gas de Bolivia no permitieron acceder a mejores precios, sino solo los de mercado, tal como cotizan al sector privado importador paraguayo, y a pesar de ello la estatal Petropar comercialice el GLP a G. 5.000 por kilo, por lo que las fraccionadoras locales le acusan a la petrolera estatal de aplicar prácticas comerciales desleales como dumping o subsidio en el precio por razones electoralistas.
Cabe recordar que el proyecto que pretendió convertirse en ley y presentado por Cartes al Congreso en el 2015 fue puesto en tela de juicio por los senadores, y las comisiones de Industria, Comercio y Turismo; de Hacienda y Presupuesto, y las comisiones de Legislación y de Economía no emitieron dictámenes favorables al respecto. Por ello surge ahora la figura de la “alianza comercial” de modo de eludir la barrera que significa el Congreso para la puesta en marcha de esta megaoperación con Bolivia.
La principal crítica que tuvo este proyecto fue la intención del gobierno local de conceder el monopolio a YPFB en la provisión del hidrocarburo, por 20 años prorrogables. Además los senadores entendieron que con este Acuerdo se entregaría a Bolivia la soberanía energética de nuestro país en materia de gas, con los riesgos políticos y comerciales que significaban atarse a un país tildado de inestable. Con relación a la implicancia legal del Acuerdo se cuestionó igualmente la intención de conceder el monopolio a Petropar, en la venta local. Ahora el proyecto se modificó e incluso amplió para burlar al Congreso y otros entes de control.