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En el año 2023 está previsto el vencimiento de las condiciones establecidas en el Anexo C del Tratado de Itaipú que rige las bases financieras y de prestación del servicio de electricidad de la entidad binacional. Asimismo, ese año quedará saldada la deuda asumida por la entidad para la construcción de la central hidroeléctrica.
En declaraciones brindadas al diario Valor Económico, Vianna resaltó que la definición del modelo de comercialización de la energía de Itaipú es fundamental para el Brasil, que utiliza hoy el volumen de energía producido y no consumido por la parte paraguaya de la usina.
“Por el Tratado, hoy el excedente de energía (de la parte paraguaya) de Itaipú es consumido por el Brasil. Este es importante para el abastecimiento del sistema eléctrico nacional. Cómo quedará eso después del 2023 es algo que nos tiene que preocupar ahora, no en 2022. Tenemos que verificar cómo queda la comercialización de esa energía”, afirmó el ejecutivo brasileño.
Según Vianna, otro aspecto que tiene relación al tratado se refiere a la operación de la central hidroeléctrica. “Tenemos una usina única. En la sala de comandos (de la hidroeléctrica) tenemos operadores paraguayos y brasileños. El mantenimiento es realizado por operadores de ambos países. No está escrito en ningún lugar del tratado cómo queda esa operación luego del 2023”, indicó.
El director brasileño destacó además que el servicio de la deuda por la construcción de Itaipú terminará ese año, lo que debería reducir el costo de la energía para los dos países. “Esto es así porque la usina no tiene finalidad de lucro”, expresó. “Evidentemente después de terminar el tratado y el servicio de la deuda, la tendencia es una reducción del costo de Itaipú”, insistió.
Por otro lado, anunció que el próximo martes está prevista su asunción oficial al cargo en la hidroeléctrica, donde reemplazará a Jorge Samek, quien se mantuvo al frente por casi 14 años.
Asimismo, deberían asumir los demás directores de la margen brasileña; sin embargo, el gobierno de Michel Temer podría cancelar dos de las nominaciones por violar la nueva Ley de Responsabilidad de las Empresas Estatales. Los cargos cuestionados son el de Rubens de Camargo Penteado, designado para la dirección técnica, y Ramiro Wahrhaftig, para la dirección de Coordinación, que integraron directorios ejecutivos de sus partidos.