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Si restringimos nuestra observación a la mitad paraguaya de esa producción (Art. XIII del Tratado), veremos que los 6.482 GWh que la entidad binacional suministró a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en el lapso de referencia solo representan el 26,9% de la misma y que su excedente - 17.600.50 GWh –el 73,1– lo “cedió” a cambio de una “compensación” que no alcanza los US$ 10/MWh sobre el costo de Itaipú.
Recordemos que en 2016, en los 12 meses del año, la central hidroeléctrica binacional proveyó 102.2335 GWh, de los que la ANDE recibió el 11.227 GWh, o sea, el 11,97% del total suministrado por la binacional, un 21,94% de la mitad que le correspondió en ese ejercicio.
Si cotejamos las cifras oficiales de provisión correspondientes a los primeros semestres de 2016 y 2017, veremos que entre uno y otro ejercicio se produjo un aumento del 16,39%, atribuible a una mejor política de contratación de la ANDE en Itaipú.
Especialistas del sector eléctrico nacional como los ingenieros Juan José Encina y Axel Benítez Ayala habían cuestionado ese error de la empresa eléctrica del Estado paraguayo en los años anteriores.
“La energía retirada por ANDE desde Itaipú tuvo un incremento promedio anual del 6,39% desde el 2009 al 2016, y llama la atención que en el 2015 se haya retirado menos energía que el 2014, cuando la potencia de contrato se incrementó ese año”, apuntaba el ingeniero Encina en una conversación con nuestro diario.
Agregaba que en los últimos once años la ANDE dispuso siempre, en forma anual, de energía superior a la garantizada, hecho que le permitió cubrir la demanda de su mercado con la energía asociada a la potencia contratada y con el uso de los excedentes. Como el valor de la segunda clase de energía es radicalmente inferior al de la primera, el precio definitivo depende una mayor dosis de la segunda en el paquete que contrata la ANDE, según se desprende de las explicaciones del técnico.
También mencionó que en el 2000 hubo un acuerdo con Eletrobrás que otorgaba a la ANDE “prioridad” en el uso de la energía adicional a la garantizada, modus operandi que fue ratificado en el Acuerdo Lugo-Lula de 2009.