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Cuando fue preguntado por ABC, la semana pasada, Eduardo Almeida, dijo sobre las dudas surgidas respecto a su trabajo al frente del BID en Haití, que “hubo un problema con esa señora (la denunciante) en términos de recursos humanos, porque el BID tuvo que terminar el contrato con esta persona”, añadiendo que la funcionaria hizo varias otras denuncias que obligaron al Banco a investigar a través de un bufete de abogados de EE.UU. Hubo un proceso de dos años en el que se demostró que las supuestas irregularidades fueron “totalmente falsas, ahí terminó la cosa”, alegó.
Sin embargo, las conclusiones de la citada sentencia no le deja muy bien parado a Almeida, pues le da la razón a la denunciante, la uruguaya Mariela Antiga Bovio, y contradice su versión de que las denuncias se hicieron después de que ella fuera cesada. Los jueces concluyeron con toda claridad que Almeida incurrió en “represalia” contra Antiga Bovio por las denuncias hechas sobre supuestas irregularidades en los proyectos apoyados por el BID, denominados “Carifresh” y “Croix-des-Bouquets”.
El veredicto, emitido el 19 de diciembre de 2014, en Washington, responsabiliza por igual al propio BID, porque habla de un “comportamiento ilícito del Banco, es decir la represalia, (que) merece ser sancionado”. Se deja también, entre otras cosas, expresa constancia de que fue Almeida quien “convenció a la administración del Banco de que sacara a la demandante de su puesto”.
Por otro lado, sobre un pedido de Antiga de ordenar una auditoría independiente en la oficina del BID-Haití, dice: “...Aunque reconoce el tribunal la importancia (de ello), considera que no le corresponde ordenarla”.
El documento tiene 26 páginas, y por lo mismo que ya se ha señalado, también pone en entredicho lo afirmado en una carta a nuestro diario por el jefe de Gestión de la Comunicación del BID, Paul Constance, quien sostuvo que Almeida “ha tenido una conducta intachable a lo largo de su carrera en el BID”.
En la pág. 24, la sentencia dice que hay un “informe preparado por el estudio jurídico O’Melveny y Myers en respuesta a una investigación realizada por la Oficina de Ética para determinar si un empleado, el Sr. Almeida, debe ser sancionado por no ceñirse a las normas del BID”, pero aclara que ese informe “es confidencial”.
Aunque por razones de espacio no podemos ahora profundizar en las denuncias, estas apuntan principalmente a que en Haití importaba más medir los proyectos por “los fondos desembolsados y no por los resultados”, ni por “el uso real de los fondos”.
Estos antecedentes son preocupantes para el país, porque el BID maneja hoy el financiamiento de importantes proyectos en Paraguay, como el resistido metrobús y la transformación del puerto de Asunción.
jobenitez@abc.com.py