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El Banco Central del Paraguay (BCP) planteó dos posibles soluciones al Poder Ejecutivo en el caso de la deuda interna pública entre el Ministerio de Hacienda y la entidad bancaria, cuyo valor es de US$ 425 millones.
De acuerdo con una nota remitida por la titular del banco, Mónica Pérez, al presidente Nicanor Duarte Frutos, por un lado, el directorio del Central pretende seguir insistiendo en la obtención de un compromiso de arbitraje con Hacienda.
Por otro lado, a criterio de Pérez, la solución debe venir mediante la firma de un decreto del Ejecutivo, que "ponga las cosas en su lugar, anulando o revocando el decreto del ex presidente González Macchi (Luis Angel), previa conciliación de las cuentas entre Hacienda y el BCP".
Sería mejor la solución consagrando la posición del BCP porque, aparentemente, el Central no recibió las sumas por las cuales Hacienda dio por canceladas sus deudas, según la nota.
Además, si se consagra la posición de Hacienda, este no tendría modo de demostrar que pagó al BCP las sumas dadas por canceladas. En ese caso, debe tenerse presente también que, de consagrarse la posición de Hacienda, el BCP debe llevar a pérdida el monto de los bonos por US$ 425 millones, lo cual significará su descapitalización por un valor aproximado de G. 1.554,8 mil millones. Esto obligará a una recapitalización por parte del Tesoro, ya que por ley el banco no puede operar con capital negativo. Por esta razón, la consagración a favor del BCP sería la más adecuada, según concluye Pérez.
En cuanto a los antecedentes, en el año 1997, se autoriza al Ejecutivo, por Ley 1093, a emitir bonos del Tesoro nacional a la orden del BCP por un monto de US$ 425 millones, tipo cupón cero. En 1999, el gobierno del ex presidente González Macchi recibe el crédito chino, de los cuales US$ 100 millones fueron asignados para afrontar la crisis del sector financiero para pagos a ahorristas, según Leyes 1421, 1420 y 1441 de aquel año.
Al finalizar su mandato, González Macchi, por decreto Nº 21978, del 13 de agosto de 2003, declara caducos los bonos que por US$ 425 millones se encuentran en poder del BCP y que instrumentan deudas anteriores a la entrada en vigencia de la actual carta orgánica del banco (1995). Además, se comunica al Central sobre la caducidad de los mismos y se ordena a Hacienda la baja en sus registros contables por las obligaciones por los bonos declarados caducos. También se ordena al BCP devolver dichos bonos y dejar sin efecto todos los actos administrativos y de disposición que se opongan al decreto de González Macchi.
De acuerdo con una nota remitida por la titular del banco, Mónica Pérez, al presidente Nicanor Duarte Frutos, por un lado, el directorio del Central pretende seguir insistiendo en la obtención de un compromiso de arbitraje con Hacienda.
Por otro lado, a criterio de Pérez, la solución debe venir mediante la firma de un decreto del Ejecutivo, que "ponga las cosas en su lugar, anulando o revocando el decreto del ex presidente González Macchi (Luis Angel), previa conciliación de las cuentas entre Hacienda y el BCP".
Sería mejor la solución consagrando la posición del BCP porque, aparentemente, el Central no recibió las sumas por las cuales Hacienda dio por canceladas sus deudas, según la nota.
Además, si se consagra la posición de Hacienda, este no tendría modo de demostrar que pagó al BCP las sumas dadas por canceladas. En ese caso, debe tenerse presente también que, de consagrarse la posición de Hacienda, el BCP debe llevar a pérdida el monto de los bonos por US$ 425 millones, lo cual significará su descapitalización por un valor aproximado de G. 1.554,8 mil millones. Esto obligará a una recapitalización por parte del Tesoro, ya que por ley el banco no puede operar con capital negativo. Por esta razón, la consagración a favor del BCP sería la más adecuada, según concluye Pérez.
En cuanto a los antecedentes, en el año 1997, se autoriza al Ejecutivo, por Ley 1093, a emitir bonos del Tesoro nacional a la orden del BCP por un monto de US$ 425 millones, tipo cupón cero. En 1999, el gobierno del ex presidente González Macchi recibe el crédito chino, de los cuales US$ 100 millones fueron asignados para afrontar la crisis del sector financiero para pagos a ahorristas, según Leyes 1421, 1420 y 1441 de aquel año.
Al finalizar su mandato, González Macchi, por decreto Nº 21978, del 13 de agosto de 2003, declara caducos los bonos que por US$ 425 millones se encuentran en poder del BCP y que instrumentan deudas anteriores a la entrada en vigencia de la actual carta orgánica del banco (1995). Además, se comunica al Central sobre la caducidad de los mismos y se ordena a Hacienda la baja en sus registros contables por las obligaciones por los bonos declarados caducos. También se ordena al BCP devolver dichos bonos y dejar sin efecto todos los actos administrativos y de disposición que se opongan al decreto de González Macchi.