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Para Beltrán Macchi, directivo de Visión Banco e integrante de la Asociación de Bancos (Asoban), la resolución N° 6 del Banco Central contradice lo dispuesto en las leyes financieras vigentes, que solo bancos, financieras y cooperativas pueden captar dinero del público.
Acotó que las intermediarias financieras deben cumplir una serie de exigencias establecidas por la propia Ley de Bancos para operar y ofrecer servicios al público. Consideran que es irregular la forma en que pretenden incorporar otro participante no bancario, con menores exigencias, para dar los mismos servicios que ofrece el sistema financiero.
Hay dudas sobre la legalidad de la referida resolución. Sin embargo, el Banco Central dice que la misma se fundamenta en la Ley 4595/12, de sistemas de pagos.
Las “empes”
Con el gran crecimiento de los giros y pagos móviles y ante la ausencia de un marco legal que controle estos movimientos, el BCP y la Superintendencia de Bancos se vieron obligados a ver la forma de regularlos y, a través de la Resolución N° 6, crearon una figura denominada EMPE (entidades de medios de pagos electrónicos), mediante la cual le dan atribuciones para captar dinero.
Hasta el momento son cuatro las entidades que presentaron sus pedidos de licencia ante el BCP, en este caso dos telefónicas que ya operan en el mercado (Tigo Money y Envíos Personal) y dos redes de cobranzas (Netel y Documenta SA).
“Si el Banco Central pretende crear un nuevo tipo de institución que capte dinero, debe hacerlo por ley y debe estar sujeto a las mismas exigencias regulatorias prudenciales que tiene el sistema financiero”, agregó.
Proyecto de ley
Cabe señalar que en Diputados también corre un proyecto de ley para regular los medios de pago electrónicos, en el que la exclusividad de explotar estos servicios se otorga solo al sector financiero. La propuesta legislativa fue tratada en la Comisión de Legislación y colisiona con las pretensiones del BCP, según las cuales el servicio de transferencias y giros debe abrirse a otros participantes no bancarios.
Según Beltrán Macchi, los bancos no se oponen al uso del teléfono como instrumento de pago, y que buscan que el dinero del público esté en los bancos, sujeto a las regulaciones y protección bancaria y que estos puedan acceder a los mismos a través de su línea telefónica.