El Banco General mantiene una deuda de 237.815.791.010 guaraníes, de los cuales G. 207.033.648.813 corresponden al préstamo de última instancia realizada por el BCP el 22 de noviembre de 1995. G. 4.108.481.076 recibió para pagar a ahorristas, respaldado por la Ley 797/95 y G. 25.770.592.788, por la Ley 797/95. Esta última normativa es conocida como Ley Pangrazio, que benefició a los ahorristas en negro. Estos son los que depositaron su dinero a altos intereses, generalmente a niveles fuera del mercado por su altísimo riesgo, recibiendo certificados extracontables manejados en un registro paralelo al presentado a la Superintendencia de Bancos (SB).

El quebrado General tiene también deuda en dólares, que a la fecha de corte señalada más arriba sumaba 2.845.708 de la moneda norteamericana.

Esta deuda del Banco General, y de las otras 36 intermediarias en liquidación o quiebra, teóricamente, deben reponer al Banco Central el dinero aportado una vez que se hicieran líquidos sus activos. A diez años de la primera crisis en el sistema financiero paraguayo, el nivel de recuperación por parte del BCP es muy bajo, manteniéndose un saldo de US$ 272.250.975.

Las leyes que fueron sancionadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo en su momento para frenar la crisis financiera disponen que se cubrirá la deuda de las entidades en liquidación con emisión de bonos del Tesoro (Botes), con el fin de calzar el déficit del BCP al final del proceso. En otras palabras, el fisco deberá emitir títulos de deuda por una suma cercana a los US$ 270 millones a ser rescatados en el futuro con el dinero proveniente de las recaudaciones de impuestos pagados por los contribuyentes. Este tipo de "inversiones", decidido por nuestros gobernantes, genera desconfianza entre los ciudadanos en que sus aportes serán redistribuidos correctamente en beneficio de la sociedad.