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El 7 de octubre de 2002, el ingeniero Antonio Eliodoro Ibarra Llano solicitó al Banco Nacional de Fomento la compra financiada de la finca 974 del distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá.
Ibarra Llano propuso la suma de 2.200 millones de guaraníes, con una entrega inicial de 700 millones de guaraníes y el saldo en 20 cuotas semestrales de 75 millones de guaraníes, más los intereses correspondientes.
Asimismo, ofreció en depósito como seña de trato la suma propuesta como entrega inicial y dejar el cierre de la operación sujeta a los resultados de una mensura judicial a ser practicada en la finca 974, así como el pago del 50 por ciento del costo de la mensura, si la operación era aceptada por el Banco de Fomento.
Con posterioridad, el ingeniero Ibarra Llano manifestó su conformidad en realizar pagos trimestrales, a un plazo de 10 años, en 40 cuotas iguales de 72.989.184.
El 6 de noviembre de 2002 (a un mes de presentado el pedido) el consejo de administración del Banco de Fomento, según consta en acta 116, decidió aceptar la propuesta del ingeniero Ibarra Llano.
El artículo 1 de la resolución número 8 expresa lo siguiente: ‘‘Autorizar la venta a favor del señor Antonio Eliodoro Ibarra Llano de la finca Nº 974 del Distrito de San Juan Nepomuceno (hoy Alto Verá, departamento de Itapúa), propiedad del Banco Nacional de Fomento, inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos, Undécima Sección, bajo el Nº 12 y al folio 92 y siguientes, de fecha 10 de julio de 2000, en la suma de G. 2.200.000, de la cual el señor Antonio Eliodoro Ibarra Llano deberá depositar como entrega inicial la suma de G. 700.000.000’’.
Con esta decisión, el consejo de administración del Banco Nacional de Fomento, bajo la presidencia de Juan José Galeano Brítez, puso punto final a las negociaciones que la Secretaría del Ambiente, el Ministerio de Hacienda y la Asociación Guyra Paraguay encaminaban con la entidad bancaria en procura de convertir a la finca 974 en una reserva ecológica perpetua.
Esta propiedad ocupa una superficie de 3.302 hectáreas y es conocida con el nombre de Santa Inés. Se encuentra situada en el centro de la Reserva de Recursos Manejados San Rafael, en el departamento de Itapúa. Está considerada de extraordinario valor para la conservación de la biodiversidad del área protegida.
En setiembre de 2001 comenzaron las gestiones entre el banco y Guyra Paraguay, que se extendieron hasta los últimos meses de 2002, ya con la participación de las instituciones mencionadas, interesadas en incorporar a Santa Inés como parte de otras propiedades destinadas a la preservación.
En poco más de un año, ni el Ministerio de Hacienda ni la Secretaría del Ambiente ni la comunidad científica internacional lograron convencer a las autoridades del Banco Nacional de Fomento que para el Paraguay era un buen negocio proteger Santa Inés.
El ingeniero Antonio Eliodoro Ibarra Llano sí pudo hacerlo y logró la compra de Santa Inés exactamente en un mes de iniciadas las gestiones. Si el 7 de noviembre ya obtuvo la resolución, el 28 de enero llegó al Banco de Fomento con un nuevo pedido: pidió que la adjudicación sea transferida a la firma Agroganadería Don Felipe SA.
Esta firma, de acuerdo al acta notarial elaborada por la escribana pública Ana Llano Viera, fue creada el 20 de diciembre de 2002. La sociedad anónima estaba constituida, en ese momento, por Lorenzo Maidana Brítez y Benito Parra Rojas.
¿Quiénes son estas personas? Lorenzo Maidana Brítez, cédula de identidad 1.769.421, es comerciante, vive en Capiatá, en el kilómetro 23 de la ruta 1, barrio Yvyraro y trabaja como encargado de depósito de la firma Cociel Ingeniería. Juan Benito Parra Rojas, cédula de identidad 2.895.710, no registra antecedentes de trabajo ni profesión ni domicilio conocido. Tampoco tiene registros de movimiento comercial ni tarjeta de crédito alguna.
Maidana Brítez y Parra Rojas, en el momento de constituir Agroganadería Don Felipe SA, constituyeron la sociedad anónima con un capital inicial de ¡800 millones de guaraníes!, aportando cada uno 400 millones de guaraníes. Parra Rojas ni siquiera tiene trabajo ni profesión, de acuerdo a los registros investigados.
Y aquí viene un dato fundamental: el ingeniero Antonio Eliodoro Ibarra Llano es el propietario de Cociel Ingeniería, es decir patrón de Lorenzo Maidana Brítez. Luego de obtener la adjudicación de las tierras de Santa Inés, la propiedad se transfiere (a pedido del beneficiario) a nombre de una sociedad anónima integrada por su empleado y un ilustre desconocido, Lorenzo Maidana Brítez y Juan Benito Parra Rojas, respectivamente.
PRÓXIMA NOTA: Prohibición de innovar en Santa Inés
Ibarra Llano propuso la suma de 2.200 millones de guaraníes, con una entrega inicial de 700 millones de guaraníes y el saldo en 20 cuotas semestrales de 75 millones de guaraníes, más los intereses correspondientes.
Asimismo, ofreció en depósito como seña de trato la suma propuesta como entrega inicial y dejar el cierre de la operación sujeta a los resultados de una mensura judicial a ser practicada en la finca 974, así como el pago del 50 por ciento del costo de la mensura, si la operación era aceptada por el Banco de Fomento.
Con posterioridad, el ingeniero Ibarra Llano manifestó su conformidad en realizar pagos trimestrales, a un plazo de 10 años, en 40 cuotas iguales de 72.989.184.
El 6 de noviembre de 2002 (a un mes de presentado el pedido) el consejo de administración del Banco de Fomento, según consta en acta 116, decidió aceptar la propuesta del ingeniero Ibarra Llano.
El artículo 1 de la resolución número 8 expresa lo siguiente: ‘‘Autorizar la venta a favor del señor Antonio Eliodoro Ibarra Llano de la finca Nº 974 del Distrito de San Juan Nepomuceno (hoy Alto Verá, departamento de Itapúa), propiedad del Banco Nacional de Fomento, inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos, Undécima Sección, bajo el Nº 12 y al folio 92 y siguientes, de fecha 10 de julio de 2000, en la suma de G. 2.200.000, de la cual el señor Antonio Eliodoro Ibarra Llano deberá depositar como entrega inicial la suma de G. 700.000.000’’.
Con esta decisión, el consejo de administración del Banco Nacional de Fomento, bajo la presidencia de Juan José Galeano Brítez, puso punto final a las negociaciones que la Secretaría del Ambiente, el Ministerio de Hacienda y la Asociación Guyra Paraguay encaminaban con la entidad bancaria en procura de convertir a la finca 974 en una reserva ecológica perpetua.
Esta propiedad ocupa una superficie de 3.302 hectáreas y es conocida con el nombre de Santa Inés. Se encuentra situada en el centro de la Reserva de Recursos Manejados San Rafael, en el departamento de Itapúa. Está considerada de extraordinario valor para la conservación de la biodiversidad del área protegida.
En setiembre de 2001 comenzaron las gestiones entre el banco y Guyra Paraguay, que se extendieron hasta los últimos meses de 2002, ya con la participación de las instituciones mencionadas, interesadas en incorporar a Santa Inés como parte de otras propiedades destinadas a la preservación.
En poco más de un año, ni el Ministerio de Hacienda ni la Secretaría del Ambiente ni la comunidad científica internacional lograron convencer a las autoridades del Banco Nacional de Fomento que para el Paraguay era un buen negocio proteger Santa Inés.
El ingeniero Antonio Eliodoro Ibarra Llano sí pudo hacerlo y logró la compra de Santa Inés exactamente en un mes de iniciadas las gestiones. Si el 7 de noviembre ya obtuvo la resolución, el 28 de enero llegó al Banco de Fomento con un nuevo pedido: pidió que la adjudicación sea transferida a la firma Agroganadería Don Felipe SA.
Esta firma, de acuerdo al acta notarial elaborada por la escribana pública Ana Llano Viera, fue creada el 20 de diciembre de 2002. La sociedad anónima estaba constituida, en ese momento, por Lorenzo Maidana Brítez y Benito Parra Rojas.
¿Quiénes son estas personas? Lorenzo Maidana Brítez, cédula de identidad 1.769.421, es comerciante, vive en Capiatá, en el kilómetro 23 de la ruta 1, barrio Yvyraro y trabaja como encargado de depósito de la firma Cociel Ingeniería. Juan Benito Parra Rojas, cédula de identidad 2.895.710, no registra antecedentes de trabajo ni profesión ni domicilio conocido. Tampoco tiene registros de movimiento comercial ni tarjeta de crédito alguna.
Maidana Brítez y Parra Rojas, en el momento de constituir Agroganadería Don Felipe SA, constituyeron la sociedad anónima con un capital inicial de ¡800 millones de guaraníes!, aportando cada uno 400 millones de guaraníes. Parra Rojas ni siquiera tiene trabajo ni profesión, de acuerdo a los registros investigados.
Y aquí viene un dato fundamental: el ingeniero Antonio Eliodoro Ibarra Llano es el propietario de Cociel Ingeniería, es decir patrón de Lorenzo Maidana Brítez. Luego de obtener la adjudicación de las tierras de Santa Inés, la propiedad se transfiere (a pedido del beneficiario) a nombre de una sociedad anónima integrada por su empleado y un ilustre desconocido, Lorenzo Maidana Brítez y Juan Benito Parra Rojas, respectivamente.
PRÓXIMA NOTA: Prohibición de innovar en Santa Inés