Banco de Fomento ‘‘blanqueó’’ empresa fantasma

El Banco Nacional de Fomento tuvo en su poder documentos que revelaban la creación de una empresa fantasma (Agroganadera Don Felipe SA). A pesar de los contundentes documentos en poder de sus técnicos, de todos modos el banco resolvió adjudicar las tierras de la estancia Santa Inés, violando expresas disposiciones legales que amparan a la finca 974, ubicada dentro de la Reserva de San Rafael.

El Departamento de Supervisión de Operaciones Crediticias del Banco Nacional de Fomento tuvo a su cargo estudiar la solicitud del ingeniero Antonio Eliodoro Ibarra Llano, interesado en adquirir con financiamiento la finca 974, del distrito de San Juan Nepomuceno. El pedido fue presentado en octubre de 2002 y aceptado el 6 de noviembre de ese mismo año. El ingeniero Ibarra Llano fue beneficiado con una compra financiada de 2.200 millones de guaraníes, pagaderos a 10 años, para ser propietario de la estancia Santa Inés, en el centro de la Reserva de Recursos Manejados San Rafael. Esta finca ocupa una superficie de 3.302 hectáreas.

En diciembre de 2002, a un mes de obtener la resolución favorable del directorio del Banco de Fomento, se crea la firma Agroganadera Don Felipe. El acta constitutiva fue firmada por Lorenzo Maidana Brítez y Juan Benito Parra, el primero de ellos encargado de depósito de la empresa Cociel Ingeniería, propiedad del ingeniero Antonio Eliodoro Ibarra Llano.

El capital inicial de la sociedad anónima fue de 800 millones de guaraníes, dinero aportado en partes iguales por un encargado de depósito (Lorenzo Maidana Brítez) y una persona sin profesión ni trabajo conocido (Juan Benito Parra). Todo induce a pensar que el ingeniero Antonio Eliodoro Ibarra Llano creó una empresa fantasma, con uno de sus empleados como prestanombre, para luego transferir a nombre de la sociedad anónima las tierras de Santa Inés.

Las sospechas de esta maniobra fraudulenta toman fuerza al comprobarse que el 28 de enero el mismo Ibarra Llano pide al Banco de Fomento que Santa Inés sea transferida en favor de Agroganadera Don Felipe. Es decir, su empleado responsable de cuidar el depósito se convirtió en dueño de 3.302 hectáreas. Por lo visto el salario que se paga en Cociel Ingeniería es muy bueno. Si un empleado puede cubrir 400 millones de guaraníes para crear una sociedad anónima, ¿de cuánto dinero dispone el patrón?

El Departamento de Supervisión de Operaciones Crediticias recibió la totalidad de los documentos referentes a la constitución de Agroganadera Don Felipe. Una de las responsabilidades de esta unidad del Banco de Fomento, como bien lo dice su nombre, es supervisar y dictaminar sobre créditos solicitados.

Según se lee en el dictamen con fecha 10 de febrero de 2003, del departamento de referencia, las autoridades del Banco de Fomento recibieron la totalidad de los documentos relacionados a la creación de la sociedad anónima. Al respecto dice: ‘‘La firma Agroganadera Don Felipe S.A. fue recientemente constituida por Escritura Pública Nro. 40 del 20 de diciembre de 2002, pasada ante la escribana pública Ana Graciela Llano Viera’’.

También investigaron los antecedentes de los dos socios de Agroganadera Don Felipe: ‘‘Según informe confidencial de la firma Informconf de fecha 29 de enero de 2003, la firma Agroganadera Don Felipe SA no registra antecedentes judiciales ni operaciones morosas. Los principales directivos tampoco registran antecedentes judiciales ni operaciones morosas’’.

El documento emitido por Informconf revela que Maidana Brítez es un modesto encargado de depósito, empleado de la persona inicialmente beneficiada con la adjudicación del banco. También confirma que Juan Benito Parra no tiene ni domicilio ni profesión conocidos. ¿Qué tipo de sociedad anónima pueden crear estas personas?

Lo peor de todo es que los técnicos del Banco de Fomento consideraron viable la operación de adjudicación de las tierras de Santa Inés a Agroganadera Don Felipe. Sin ningún reparo estamparon su firma en el dictamen los siguientes funcionarios: Aldo Darío Rojas Venegas (sic), director del Departamento de Supervisión de Operaciones Crediticias; Wladimir Ayala Paniagua, jefe de división; y Ricardo Adolfo Bonnin, analista.

El visto bueno mencionado tuvo el resultado esperado, puesto que el Banco de Fomento no puso objeción a la trasferencia de Santa Inés en favor de la firma cuestionada.

Estas graves irregularidades movieron al Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), a la Asociación Guyra Paraguay y a Natural Land Trust a iniciar un juicio contra el Banco de Fomento, en procura de que la justicia declare la nulidad de la operación comercial, ante supuestos actos ilegales en la venta. Los principales indicios, según se comprueba, surgen de los mismos documentos presentados por los beneficiarios, aprobados por el banco.

Santa Inés se encuentra en un punto estratégico de la reserva de San Rafael. Está protegida por leyes ambientales y la intención de las entidades ambientalistas, incluyendo la Secretaría del Ambiente, es preservarla a perpetuidad en beneficio de nuestro país.

La responsabilidad de emitir juicio en primera instancia es de la jueza Graciela Isabel Rolón Cardozo, titular del juzgado de la niñez y la adolescencia. ¿Será justicia?
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