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En uno de sus pedidos, del 1 de diciembre pasado, Maldonado solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que individualice o identifique a los funcionarios de la Cancillería que autorizaron o sellaron las documentaciones de una veintena de expedientes consulares que autorizaron el ingreso de vehículos robados al país.
Igualmente, el fiscal solicitó un informe completo para que a través del Sistema Informático de Legalización (SIL) se pueda tener acceso a todos los datos de un total de 13 legalizaciones de documentos que realizaron en el periodo en que ingresaron al país esos vehículos, principalmente los procedentes de España, de cuyo mercado se registra el ingreso a nuestro país de al menos 206 lujosos automóviles.
La investigación fiscal por el ingreso de estos vehículos es compartida. Maldonado maneja todas las pesquisas correspondientes a los vehículos que fueron robados en el país europeo, que entraron a nuestro país sin problemas, mientras que la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni está al frente de la investigación de los 70 automóviles robados en el Mercosur, que también fueron traídos aquí sin mayores inconvenientes.
De acuerdo con los antecedentes de este caso, fue la propia Aduanas la que entre abril y julio de este año hizo las denuncias ante el Ministerio Público, al encontrar sus agentes de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA) evidencias del hecho. Luego se iniciaron las investigaciones.
Después de cinco meses, Aduanas finalmente resolvió abrir sumario administrativo a ocho funcionarios, todos ellos de menor rango (Juan A. Giménez, Osvaldo Palacios Cabral, Sergio Romero Santacruz, Vanessa Mosqueira Duarte, Francisco Ruiz Díaz, Óscar Godoy Sosa, Gloria de Rodas y Gladys Ramírez Zayas). Los puntos de ingreso de estos vehículos fueron las aduanas de Puerto Seguro y de Caacupemí, en donde hasta ahora están los autos.