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Asimismo, la autorización de destrucción fue dada luego de contar con el dictamen 648/2005, que resultó favorable al respecto.
La resolución de Airaldi establece que se debe comunicar lo dispuesto a la Escribanía Mayor de Gobierno, repartición que deberá designar a un representante para participar del acto de destrucción por incineración de los documentos declarados caducos e inservibles.
En caso de no contarse con la presencia de un representante de la Escribanía Mayor de Gobierno, deberán estar presentes funcionarios de las direcciones de Auditoría Institucional y de Asuntos Jurídicos de la Contraloría.
Entre los documentos a destruirse pueden citarse informes de auditorías de los años 1992 (aeropuerto Guaraní), 1993 (ruta Concepción-Pozo Colorado), 94 (Antelco) y 1995 (informes varios sobre la crisis bancaria).
La resolución de Airaldi establece que se debe comunicar lo dispuesto a la Escribanía Mayor de Gobierno, repartición que deberá designar a un representante para participar del acto de destrucción por incineración de los documentos declarados caducos e inservibles.
En caso de no contarse con la presencia de un representante de la Escribanía Mayor de Gobierno, deberán estar presentes funcionarios de las direcciones de Auditoría Institucional y de Asuntos Jurídicos de la Contraloría.
Entre los documentos a destruirse pueden citarse informes de auditorías de los años 1992 (aeropuerto Guaraní), 1993 (ruta Concepción-Pozo Colorado), 94 (Antelco) y 1995 (informes varios sobre la crisis bancaria).