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En aquella oportunidad, Víctor Hugo Dejesús, asesor jurídico de la Comisión Nacional de Valores (CNV), aseguró que los bonos oro que emitió el Estado paraguayo en 1939 ya no tienen valor alguno en los mercados financieros, y que el Tesoro Nacional de ninguna manera está obligado a pagar por los mismos.
Según el experto, los tomadores de los bonos, si no pudieron recuperar sus fondos en 1963, año de vencimiento de los títulos, debieron presentar una demanda judicial contra el Estado paraguayo, para evitar que el derecho de cobro prescribiera a los cuatro años, tal como lo establece el Código de Comercio.
Estos bonos-oro fueron autorizados por la Ley 1.530 del 22 de noviembre de 1935, durante el gobierno de Eusebio Ayala y efectivamente emitidos en 1939, en virtud del decreto-ley 14.347. Vencieron en 1963, durante el gobierno de Alfredo Stroessner, quien se habría negado a cumplir con su obligación de devolver el dinero a los tenedores de los títulos. En su momento, ninguno de los inversores defraudados se animó a presentar una demanda judicial contra el gobierno autoritario.
El 16 de julio de 1999, la firma Carlos Casado SA había comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el otorgamiento de un mandato de venta de 80.000 pesos en bonos oro del año 1935 de la República del Paraguay, a 1.000 dólares cada peso.
El trato consistía en la entrega de los títulos a consignación por 90 días, a partir del 15 de aquel mes. Al vencimiento, el consignatario debía restituir las láminas o pagar a Carlos Casado el precio estipulado por los documentos, cuya suma ascendía al precio exorbitante de US$ 80 millones.
El anuncio provocó una disparada, del orden del 15 por ciento, en el precio de las acciones que cotizaba Carlos Casado en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Nunca se supo si hubo un comprador.
Según el experto, los tomadores de los bonos, si no pudieron recuperar sus fondos en 1963, año de vencimiento de los títulos, debieron presentar una demanda judicial contra el Estado paraguayo, para evitar que el derecho de cobro prescribiera a los cuatro años, tal como lo establece el Código de Comercio.
Estos bonos-oro fueron autorizados por la Ley 1.530 del 22 de noviembre de 1935, durante el gobierno de Eusebio Ayala y efectivamente emitidos en 1939, en virtud del decreto-ley 14.347. Vencieron en 1963, durante el gobierno de Alfredo Stroessner, quien se habría negado a cumplir con su obligación de devolver el dinero a los tenedores de los títulos. En su momento, ninguno de los inversores defraudados se animó a presentar una demanda judicial contra el gobierno autoritario.
El 16 de julio de 1999, la firma Carlos Casado SA había comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el otorgamiento de un mandato de venta de 80.000 pesos en bonos oro del año 1935 de la República del Paraguay, a 1.000 dólares cada peso.
El trato consistía en la entrega de los títulos a consignación por 90 días, a partir del 15 de aquel mes. Al vencimiento, el consignatario debía restituir las láminas o pagar a Carlos Casado el precio estipulado por los documentos, cuya suma ascendía al precio exorbitante de US$ 80 millones.
El anuncio provocó una disparada, del orden del 15 por ciento, en el precio de las acciones que cotizaba Carlos Casado en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Nunca se supo si hubo un comprador.