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El catastro o censo rural denominado Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) significó una erogación inicial de US$ 400.000 para el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que en una siguiente etapa desembolsó otros US$ 4,5 millones con la idea de llegar a las más de 900 colonias del ente agrario. En el 2015, esa fue la meta que se establecieron, pero hoy, tres años después, se llegó a menos de 300 pese a haberse ejecutado todo lo presupuestado.
Al respecto, el presidente del Indert, Justo Cárdenas, dijo ayer que esas cifras no se pueden considerar como un incumplimiento ni tampoco retraso, debido a que en el año 2016, el SIRT se replanteó sus metas. “En principio, el objetivo fue bastante más acotado, hoy los objetivos son más amplios. Hay funciones que se cargaron al SIRT que no estaban inicialmente en su función misional”, afirmó en conferencia de prensa.
A su vez, el asesor del SIRT, Hugo Jiménez Recalde, y la gerente de ese estamento, Zulma Sosa, destacaron que gracias a los trabajos del catastro rural, en los últimos 42 meses pudieron distribuir 20.000 certificados de ocupación. Admitieron, no obstante, que fueron entregados solamente 500 títulos de propiedad.
Al respecto, alegaron que existe una serie de inconvenientes que impiden titular con agilidad los lotes y que tiene que ver con las irregularidades que se han dado históricamente en la tenencia de tierras en nuestro país. Por eso, del total de 20.000 certificados de adjudicación, se tienen 9.000 lotes empadronados, de los cuales, 4.111 están matriculados y son “potenciales títulos a hoy”.
Al mismo tiempo, fueron generados 1.214 títulos, pero 700 están todavía en “etapa de aprobación” en Registros Públicos y por eso solo los 500 restantes fueron entregados efectivamente. Además, hay “factores que no dependen de nosotros”, señalaron, que además de la intervención de otras instituciones como Catastro o Registros, es la necesidad del pago mínimo por parte del ocupante.
Para Jiménez Recalde, lo gastado por el SIRT es mínimo en comparación a los resultados. “El costo de lo que representa regularizar tierras es prácticamente simbólico”, dijo. Sin embargo, sindicatos del ente agrario cuestionan que sus funciones así como la misma misión del Indert se hayan transferido al SIRT, que para llevar adelante el catastro rural contrató a cientos de personas, abultando aún más el aparato estatal.
Consultorías que no son consultorías
Posteriormente, Cárdenas fue preguntado sobre los más de US$ 2 millones gastados en “consultorías”, hecho que fue denunciado recientemente ante el Ministerio Público en un caso de supuesto desvío de fondos. Respondió que el PNUD, organismo que administró los fondos para los trabajos del SIRT, utiliza esa designación para personal contratado y que no se trata de la misma denominación que normalmente damos al rubro de “consultores”.
Requerido sobre el proyecto de ley que pretende volver al SIRT un estamento permanente del Indert, además de entregar gratis las tierras y disponer administrativamente desalojos –hecho tachado de inconstitucional–, respondió que la idea es generar el debate, pero “no creemos tener la verdad absoluta”.
Regularizar tierras, sin molestar a Cartes
Ayer, en el Indert exhibieron un spot con historias de colonos que manifestaron su felicidad por obtener “certificados de adjudicación” y la regularización de lotes. También se habló de la recuperación de tierras de manos de personas no sujetas de la reforma agraria.
Empero, el SIRT sólo ha combatido a pequeños ocupantes irregulares, pero no ha ingresado a Amambay, a la zona de ocupación de Ganadera Sofía del Grupo Cartes. La empresa del Presidente está en tierras que el IBR compró en el pasado al BCP para los fines de la reforma agraria, cuya transferencia hasta hoy no ha sido concretada. ¿Qué papeles tiene Ganadera Sofía para justificar su ingreso a las tierras? Hasta hoy nadie nos ha respondido eso.