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El expresidente de la Industria Nacional del Cemento (INC) y actual diputado nacional Édgar Acosta dijo ayer a este diario que fue un teatro la prohibición de pago de gratificaciones a funcionarios públicos, que este año se rige por el anexo al Decreto 6715 sobre la guía de normas y procesos del ejercicio fiscal 2017.
En el artículo j9, acerca de las “gratificaciones ocasionales”, se establece: “Suspéndase el pago de gratificaciones o premios al personal por servicios o labores realizadas, a mejor o mayor producción o resultados de la gestión administrativa y financiera u otros indicadores de gestión institucional”.
“En su momento, para caerle bien a la ciudadanía, hablaron de austeridad. Pero con el pago que están haciendo las máximas autoridades de estos entes públicos demuestran que esa austeridad solo fue un discurso y no una acción. Porque ni el presidente de INC (Jorge Méndez) ni Petropar (Eddie Jara) van a pagar sin el visto bueno del Ejecutivo y de Hacienda”, señaló.
La INC pagó dos veces en lo que va del año sobresueldos a sus funcionarios, equivalentes a dos aguinaldos, pero bajo el objeto de gasto 133 que corresponde a “subsidio familiar”. Según Acosta, usaron el rubro 133 de modo a disfrazar el desembolso, pero aún así “para que no tenga efecto el numeral 9 del decreto reglamentario tiene que haber un dictamen jurídico avalando el pago”, acotó.
En Petropar, en tanto, pagaron más de G. 4.000 millones en total al funcionariado en concepto de “diferencia salarial”, que de todas maneras termina siendo un premio.
El senador Arnaldo Giuzzio opinó en tal sentido que “es muy selectiva la decisión del Presidente de la República, orientada a otorgar beneficios a sectores a quienes pretende conquistar electoralmente. Justamente, (estos pagos) se dan en este momento y se perdió el discurso de austeridad, del famoso ‘ahorro’ que vino a presentar en su rendición de cuentas anual; sin embargo, el despilfarro sigue”, acotó.
Cuestionó además que el Ejecutivo calificó de “populista” el presupuesto 2017, finalmente vetado, porque supuestamente iba a dejar en “bancarrota” al Estado, por los aumentos para docentes y personal de blanco. Sin embargo, el Gobierno después aprobó con ampliaciones el incremento salarial, acreditándose el logro, para ganarse simpatía de esos sectores en tiempo electoral.