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El ministro Santiago Peña dejó en claro que independientemente a la decisión que tome el Congreso, desde el Poder Ejecutivo ya se determinó suspender de manera permanente el pago de las gratificaciones. “Por parte del Ejecutivo es una decisión permanente”, ratificó. Peña hizo estas declaraciones luego del lanzamiento de la campaña de inclusión financiera que se llevó a cabo en el salón de eventos Villa San Rafael, donde fue consultado por la prensa sobre el dictamen de la referida Comisión Bicameral.
Esta instancia legislativa recomendó a las cámaras mantener en el presupuesto 2017 el pago de un aguinaldo extra para los funcionarios, de los dos que tenían hasta este año, con el argumento de que desde el mismo Ministerio de Hacienda se solicitó que no se recortaran los fondos correspondientes.
En caso de confirmarse este dictamen, primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, el crédito presupuestario para abonar una gratificación seguirá en la ley, pero su ejecución solo se daría en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, que manejan sus respectivos presupuestos con independencia a las decisiones que toma el Poder Ejecutivo.
El pago de estos beneficios fueron criticados por la ciudadanía, los gremios empresariales en especial, que consideran un despilfarro del dinero que aportan los contribuyentes con el pago de los impuestos. Incluso, esto llevó al Ejecutivo a emitir a fines de setiembre un decreto que prohíbe el segundo pago, ya que el primero se abonó entre marzo y setiembre con un costo de G. 56.000 millones (US$ 9,8 millones).
Los datos de la Bicameral indican que este año se tiene asignados para bonificaciones y gratificaciones G. 509.968 millones (US$ 89,6 millones) y para el próximo año 481.304 millones (US$ 84,5 millones).