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En el Estado existen cerca de 45.000 contratados, que en su mayor parte están asignados a las instituciones componentes de la administración central (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Contraloría y Defensoría del Pueblo) como parte de la clientela política o con relación de parentesco con las autoridades, sin que ejerzan ninguna tarea a cambio de los millonarios salarios que perciben.
Los más de G. 1,9 billones (US$ 334 millones) presupuestados en la administración central son para los diferentes tipos de contratados: personal técnico, personal de salud, personal ocasional de salud y de blanco, jornales, honorarios profesionales y personal de servicio (ver infografía con el costo que representa cada sector).
El viceministro de Economía de Hacienda, Daniel Correa, explicó durante la presentación del informe de situación financiera a enero realizada el pasado viernes, que muchos contratos de personal que terminaron en diciembre, ya no serán renovados por la decisión tomada por la Presidencia de la República de revisar bien las funciones que está cumpliendo cada persona.
“Yo creo que va a haber una reclasificación y un mayor control por parte de las instituciones”, insistió el viceministro de Economía sobre la revisión efectuada en cada institución para detectar casos de “planillerismo”.
Además de los contratados, la revisión también incluye a los funcionarios permanentes.
Servicios personales
Para el presente ejercicio la administración central tiene presupuestados G. 14,2 billones (US$ 2.449 millones) para el pago de salarios y otros beneficios para funcionarios permanentes y contratados.
El gasto salarial en un 95% se financia con la recaudación impositiva que lo paga el contribuyente.
Esta situación lleva a que el Tesoro no tenga saldo para destinar fondos genuinos para la inversión en infraestructura y recurre a préstamos, vía bonos o créditos, para realizar obras.