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Como es sabido, el jurista español dirige la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), que tiene como una de sus finalidades “cooperar en el desarrollo social, económico, político y cultural”, potenciando “estructuras básicas que aseguren la consecución de los principios de verdad, justicia y reparación”.
Sobre la licitación para la construcción de la línea de 500 kV entre Ayolas y Villa Hayes, convocada por el ente estatal ANDE, que costará unos US$ 300 millones, que será financiada con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), junto al Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), Garzón sugirió a los directivos del Cime que, luego de agotar las instancias, acudan directamente a la Unión Europea, donde ya se han presentado controversias de este tipo. “Garzón nos derivó a uno de los abogados de su fundación con sede en España, de nombre Aitor Martínez Jiménez, quien es especialista en Jurisdicción Internacional e inmediatamente entablamos contacto con él, y nos dijo que hay varios caminos y que en la Unión Europea ya tienen antecedentes de denuncias sobre temas comerciales y trabas a la libertad de participación”, explicó el Ing. Diego Oddone, directivo del Cime.
Agregó que el abogado español les explicó que ellos defienden, sobre todo los principios de Jurisdicción Universal y de Justicia Internacional y llevan a cabo acciones que suponen la aplicación práctica de estos principios en cualquier parte del mundo. “La columna vertebral de la integración europea es la libre circulación de productos y personas, por consiguiente, nos explicó que ellos deben garantizar la participación de todos los países signatarios de los convenios que se firman. En este caso, nosotros como país fuimos sujetos de un crédito para el desarrollo y se tendría que tener en cuenta la situación de las empresas locales”, insistió Oddone.
Viaje a Bruselas
Por su parte, el presidente del gremio, Ramiro Vargas Peña, explicó que, según lo conversado con Garzón, se han agotado las instancias, habiendo incluso recurrido al embajador representante de la Unión Europea, Alessandro Palmero, a quien pusieron al tanto de las irregularidades del proceso; por lo que ahora, acudirán directamente a la sede de la organización en Bruselas.
Anunció que en los próximos días viajará para realizar las gestiones que correspondan. En principio, se pedirá la nulidad del contrato de préstamo suscripto entre el BEI y la ANDE.