Cargando...
La decisión del TCU sienta un precedente histórico que debería obligar a la Contraloría General de la República (CGR) a auditar de igual manera las cuentas de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá en el lado paraguayo. Así lo entiende el Ing. Germán Escauriza, director de la organización Sociedad y Desarrollo, quien sostiene que no existe motivo alguno para ocultar nada en dichas entidades.
“Tanto ANDE como Eletrobrás son mandatarios de los respectivos Estados en Itaipú Binacional y tienen que rendirle cuentas a sus mandantes”, señaló Escauriza.
Añadió que como propietarios, tanto el Estado brasileño como el paraguayo, autorizan a la entidad que se les pague a la ANDE por actos de supervisión en la binacional pero, esta no ejerce esta función, afirmó el especialista.
Explicó que estas normativas se establecieron en el Tratado para preservar los principios de igualdad y derechos entre ambos países. “Por eso, un organismo del Estado brasileño no puede venir a auditar en el lado paraguayo y viceversa. Para eso están los órganos administrativos de cada Estado, en nuestro caso, la Contraloría”, insistió.
Escauriza también se refirió a la acción promovida ante la Corte Suprema de Justicia en 1997 por los doctores Juan Carlos Mendonca y José Antonio Moreno Ruffinelli, solicitando suspender los efectos de la Ley 1161/97, que obligaba a los funcionarios de las binacionales a informar y enviar documentación al Congreso y la Contraloría a través de la ANDE.
“Lo que desmorona toda la teoría de Moreno Rufinelli es que la Auditoría de la Nación Argentina cada año supervisa las cuentas, los balances de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), entonces, la pregunta que cabe hacerse es ¿hay o no igualdad de derechos y obligaciones? Si la Auditoría General de la Nación Argentina audita a la EBY, por qué la Contraloría no puede hacerlo”, se preguntó.
Afirmó que los que intentan seguir ocultando los actos de administración que se realizan en representación del Estado paraguayo, lo hacen para continuar robando, de otro modo no se explica cómo el Estado paraguayo no va a poder controlar una empresa en la cual es propietario en un 50%.
“Moreno Ruffinelli y Juan Carlos Mendonca cometieron perjurio cuando presentaron la acción de inconstitucionalidad, porque en su escrito ellos decían que la ANDE no tenía recursos para satisfacer los requerimientos de la Cámara de Senadores. Es un perjurio grave porque generó un daño al país”, afirmó Escauriza.
Finalmente, sugirió impulsar una política de transparencia en las dos binacionales, para evitar que sigan ocultando documentos. “Solamente los ladrones, los que roban al Estado pueden oponerse a transparentar las cuentas de las binacionales”, concluyó.