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La Ley 2054, conocida como “de Deforestación cero” para la región Oriental, si bien se promulgó en 2004, entró en vigencia a partir de 2005. Pero lo único de “cero” que se logró con esta normativa es hacerla cumplir, ya que desde que entró a regir se arrasaron con 231.882 hectáreas de bosques en la región que corresponde al Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP), que abarca territorios de los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Paraguarí, Caaguazú, San Pedro, Concepción, Caazapá y Guairá.
El equipo de ABC Color recorrió la zona de influencia de dos reservas naturales y un Parque Nacional que forman parte de la BAAP: La Reserva para Parque Nacional San Rafael (situada entre los departamentos de Itapúa y Caazapá), la Reserva Mbaracayú (Canindeyú) y el Parque Nacional Ñacunday (Alto Paraná).
En estos lugares y sus zonas de amortiguamiento se hace poco o nada para evitar el tráfico de rollos y de madera, la invasión de producciones sojeras en territorio de las reservas y eliminar las plantaciones de marihuana, estimuladas por grupos narcos que cada día van ganando más terreno.
Las áreas protegidas se encuentran en medio de asentamientos campesinos y comunidades indígenas abandonadas –lejos de los grupos indigenistas de saco y corbata que abundan por Asunción– y que, utilizados por los depredadores o grupos narcos, son las principales amenazadas.
Organizaciones no gubernamentales que se dedican a la protección de los bosques se sienten desamparadas ante esta realidad, mientras que desde la Fiscalía, la Policía, la Secretaría del Ambiente (Seam) y el Instituto Nacional Forestal (Infona) estiran cada uno por su lado, demostrando la total ausencia de una política de Estado, pero evidenciando otra, la impunidad absoluta.
En ese sentido, vale resaltar que mientras la deforestación en la región llega a un promedio de 60 hectáreas por día desde 2005, hasta ahora no hay un solo responsable en la cárcel en todo este tiempo.
En lo que va de este año, ya se deforestaron 5.518 hectáreas en cinco departamentos, según los monitoreos satelitales de la organización internacional WWF, cuyos datos son utilizados también por la Seam y organismos internacionales, por su alto rigor técnico.
Una de las organizaciones que trabajan en la conservación de la reserva San Rafael es Pro Cordillera San Rafael (Procosara). Esta entidad, con recursos propios, paga a cuatro personas que trabajan como guardaparques, pero que oficialmente son monitores forestales. Como apoyo de dos guardaparques de la Seam, suman seis personas que se turnan por día para el cuidado de 73.000 hectáreas que posee la reserva.
La realidad de los guardaparques pinta un poco el interés que el Estado le da al cuidado de sus recursos naturales en la región. Los cuatro guardaparques encargados del Parque Nacional Ñacunday (de 2.000 hectáreas), en Alto Paraná, no tienen un local propio, duermen en casas ajenas, usan sus propias motos para movilizarse y deben comprar sus proyectiles. Los que trabajan en la reserva San Rafael al menos tienen una camioneta, que ya requiere de algunas reparaciones, mientras que la reserva del Mbaracayú está controlada por la Fundación Moisés Bertoni, que pone 16 guardaparques para trabajar en forma intensa para controlar las 64.405 hectáreas que tiene esta Reserva.
La complicidad policial de la zona
El 15 de junio de este año, traficantes de madera que estaban operando con motosierra derribando y aserrando árboles en pleno corazón de la reserva de San Rafael, recibieron a balazos de escopeta a guardaparques de la Secretaría del Ambiente (Seam) y a los monitores forestales de Coprosara, cuando estos fueron a verificar lo que ocurría.
Nadie resultó herido, pero los afectados hicieron la denuncia ante la Comisaría 110 de la compañía Cuatro Puentes, del distrito Alto Verá, que es la más cercana al lugar. Tres días después del incidente, desde Coprosara llamaron a la fiscalía del distrito de Alto Verá para preguntar cómo avanzaba la investigación.
Grande fue la sorpresa de la fiscala María del Carmen Palazón al enterarse en ese momento que hubo un tiroteo en plena reserva, ya que los efectivos policiales de la Comisaría 110 nunca elevaron la denuncia de Coprosara ante el Ministerio Público.
Un mes después, Palazón imputó por obstrucción a la investigación fiscal a los policías encargados de dicha comisaría, suboficial mayor Pedro Ortigoza, y su ayudante, suboficial César Arnaldo Amarilla, quienes fueron relegados de sus cargos. No obstante, identificar a los posibles responsables resultaba ya casi imposible.
Aquella vez, los depredadores dejaron un mensaje, escrito con aceite de motor sobre una madera recién cortada: “Fuera parquero o te mato”, decía el escrito. Desde entonces, los guardaparques ya no volvieron a hacer recorridos por la zona.
No fue la primera amenaza que recibieron los trabajadores ambientales que resguardan esta reserva, ni la primera vez que sus denuncias ante las autoridades terminaban en la nada.
La marihuana, el miedo, el silencio
Solo este año, 12,3 toneladas de marihuana –gran parte de ellas ya procesada– fueron incautadas dentro de la reserva San Rafael. Durante el recorrido hacia Arroyo Claro, el equipo de ABC Color se encontró con un joven armado, como si estuviera en una zona de guerra. Escopeta al hombro, pistola y cuchillo a la cintura. Por la características, era uno de los cuidadores de las plantaciones de “la hierba maldita”. El cultivo de la hierba cautiva cada día a más campesinos e indígenas de la zona, por lo apetecible que resulta a la hora de hacer rendir sus tierras. Hablar de la marihuana está casi prohibido para los trabajadores de las ONG o guardaparques, ante los riesgos a los que se exponen si se filtran datos.
En la memoria de todos ellos sigue vivo lo ocurrido con Bruno Chevugi, un guardaparques Aché que trabajaba en la Reserva de Mbaracayú (Alto Paraná), para la fundación Moisés Bertoni. El 7 febrero de 2013, Chevugi fue asesinado cuando hacía patrullaje junto a otros compañeros sobre el río Jejuimí, que cruza la Reserva. Su cuerpo fue encontrado dos días después de la emboscada. Desde un primer momento se especuló que su muerte fue orquestada por grupos narcos que buscaban ganar terreno en Mbaracayú para plantar marihuana.
Mañana: La impunidad y lo que dicen las autoridades nacionales.
abenitez@abc.com.py
Fotos: Roberto Zarza