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La Armada nacional "castiga" al denunciante -al retenerle la libreta de navegación- de una clara falsificación de documentos perpetrada en la Prefectura General Naval y curiosamente mantiene a los involucrados en sus cargos pese a haber sido imputados por fiscalía.José Manuel González Flores, capitán habilitado para operar buques de la marina mercante, no puede trabajar desde hace un año debido a que la Armada nacional -a través de la Prefectura General Naval (PGN)- le niega devolverle su libreta de navegación retenida ilegalmente.
El "pecado" que originó esta sanción de hecho del citado navegante fue haber denunciado ante fiscalía a la rosca empotrada en la Prefectura General Naval que negocia con la expedición de libreta de navegación. Este documento es necesario y habilitante para tripular barcos mercantes de bandera nacional.
Mientras "castiga" de hecho al denunciante, la Armada mantiene en el cargo al falsificador confeso de los hechos y hasta promocionó al oficial firmante del documento falsificado a un cargo más "rentable".
El negociado quedó al descubierto cuando González Flores denunció que el jefe de Navegación, Tte. de Navío Juan Ismael Mancuello expidió ilegalmente -en tiempo récord, el 10-11-10- un duplicado de su libreta de navegación ante un simple pedido efectuado por la armadora Nilda Dolores Méndez Martínez. Esta empresaria, propietaria de los buques "La Milagrosa" y "Jejuí", firmó irregularmente el pedido de expedición del duplicado de la libreta de navegación del denunciante.
Sospechosamente, el duplicado del documento fue expedido en minutos por el jefe de Navegación, ya que el mismo fue presentado a las 11:25 del citado día y en esa misma jornada se expidió el documento.
La sospechosa "solicitante" del documento argumentó que la libreta original -que retenía por su relación comercial con el denunciante- "estaba llena", motivo por el cual pedía un duplicado, el que le fue proveído sin mayores objeciones a en cuestión de minutos, cuando que en casos normales tarda días y hasta semanas obtenerlo.
Chivo expiatorio
Para evitar cualquier sanción al oficial Mancuello, firmante del ilegal documento en su cargo de jefe de Navegación. se utilizó a un subalterno, el suboficial Richar Omar Romero Céspedes, un simple pasapapeles de escritorio quien asumió la total responsabilidad en la "tramitación irregular" pese a que no firmó nada en el expediente respectivo.
Con este hecho, la fiscalía solamente imputó al suboficial Romero Céspedes y a la armadora Méndez Martínez (ver reproducciones).
La Armada no solo aceptó oficialmente al chivo expiatorio, sino que hasta promocionó al involucrado Mancuello al rango de Capitán de Corbeta y lo nombró en el cargo de director del CINAE (organismo encargado de tomar exámenes habilitantes a los marinos mercantes para habilitarlos en la navegación comercial).
Este cargo es muy codiciado por los oficiales de la Armada nacional, pues es el camino obligatorio y determinante para que los marinos mercantes vayan ascendiendo en la jerarquía respectiva (engrasador, marinero, patrón navegante, capitán, etc.), escalafón que les reditúa salarios que en algunos casos llegan a los 40 y hasta 45 millones de guaraníes (el caso de los capitanes).
Por su parte, el suboficial Romero sigue en el cargo en la Prefectura General Naval (Navegación) pese a haber sido imputado y a no presentarse hasta ahora ante la justicia para la imposición de medidas ante la pasividad de sus superiores.
Consultado sobre las medidas que la Armada nacional tomaría en el caso, el titular de la PGN, ascendido recientemente a contralmirante Germán Giménez Franco, dijo que no se instruiría aún ni siquiera un sumario administrativo porque se estarían esperando "las resultas de caso ya judicializado".
Esto significa lisa y llanamente que para la Armada Nacional oficialmente no se tomará ninguna medida restrictiva ni siquiera investigativa interna, pues al parecer esta repartición de las FFAA no se da por enterada de las irregularidades perpetradas con la expedición irregular de documentos tan importantes como las libretas de navegación.
Mientras tanto el denunciante no puede trabajar, pues no se le entrega su libreta de navegación, ya que la Armada argumenta que "se ha extraviado".
El "pecado" que originó esta sanción de hecho del citado navegante fue haber denunciado ante fiscalía a la rosca empotrada en la Prefectura General Naval que negocia con la expedición de libreta de navegación. Este documento es necesario y habilitante para tripular barcos mercantes de bandera nacional.
Mientras "castiga" de hecho al denunciante, la Armada mantiene en el cargo al falsificador confeso de los hechos y hasta promocionó al oficial firmante del documento falsificado a un cargo más "rentable".
El negociado quedó al descubierto cuando González Flores denunció que el jefe de Navegación, Tte. de Navío Juan Ismael Mancuello expidió ilegalmente -en tiempo récord, el 10-11-10- un duplicado de su libreta de navegación ante un simple pedido efectuado por la armadora Nilda Dolores Méndez Martínez. Esta empresaria, propietaria de los buques "La Milagrosa" y "Jejuí", firmó irregularmente el pedido de expedición del duplicado de la libreta de navegación del denunciante.
Sospechosamente, el duplicado del documento fue expedido en minutos por el jefe de Navegación, ya que el mismo fue presentado a las 11:25 del citado día y en esa misma jornada se expidió el documento.
La sospechosa "solicitante" del documento argumentó que la libreta original -que retenía por su relación comercial con el denunciante- "estaba llena", motivo por el cual pedía un duplicado, el que le fue proveído sin mayores objeciones a en cuestión de minutos, cuando que en casos normales tarda días y hasta semanas obtenerlo.
Chivo expiatorio
Para evitar cualquier sanción al oficial Mancuello, firmante del ilegal documento en su cargo de jefe de Navegación. se utilizó a un subalterno, el suboficial Richar Omar Romero Céspedes, un simple pasapapeles de escritorio quien asumió la total responsabilidad en la "tramitación irregular" pese a que no firmó nada en el expediente respectivo.
Con este hecho, la fiscalía solamente imputó al suboficial Romero Céspedes y a la armadora Méndez Martínez (ver reproducciones).
La Armada no solo aceptó oficialmente al chivo expiatorio, sino que hasta promocionó al involucrado Mancuello al rango de Capitán de Corbeta y lo nombró en el cargo de director del CINAE (organismo encargado de tomar exámenes habilitantes a los marinos mercantes para habilitarlos en la navegación comercial).
Este cargo es muy codiciado por los oficiales de la Armada nacional, pues es el camino obligatorio y determinante para que los marinos mercantes vayan ascendiendo en la jerarquía respectiva (engrasador, marinero, patrón navegante, capitán, etc.), escalafón que les reditúa salarios que en algunos casos llegan a los 40 y hasta 45 millones de guaraníes (el caso de los capitanes).
Por su parte, el suboficial Romero sigue en el cargo en la Prefectura General Naval (Navegación) pese a haber sido imputado y a no presentarse hasta ahora ante la justicia para la imposición de medidas ante la pasividad de sus superiores.
Consultado sobre las medidas que la Armada nacional tomaría en el caso, el titular de la PGN, ascendido recientemente a contralmirante Germán Giménez Franco, dijo que no se instruiría aún ni siquiera un sumario administrativo porque se estarían esperando "las resultas de caso ya judicializado".
Esto significa lisa y llanamente que para la Armada Nacional oficialmente no se tomará ninguna medida restrictiva ni siquiera investigativa interna, pues al parecer esta repartición de las FFAA no se da por enterada de las irregularidades perpetradas con la expedición irregular de documentos tan importantes como las libretas de navegación.
Mientras tanto el denunciante no puede trabajar, pues no se le entrega su libreta de navegación, ya que la Armada argumenta que "se ha extraviado".