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La referida normativa fue adoptada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Argentina y constituyó un cambio radical en términos de procedimientos y de competencia en cuanto a la figura de agente aduanero.
Los más afectados
Los sectores más perjudicados por la medida son el de los navieros y el de los agentes marítimos. Justamente, los respectivos gremios de esos sectores enviaron recientemente una nota a la directora nacional de Aduanas, Rocío Vallejo, con el fin de solicitar la intercesión de las autoridades nacionales ante sus pares argentinos para que se anule “por lo menos” la declaración de valor y “fundamentalmente la discrecionalidad, respecto de la asignación de los canales de selectividad que deberían utilizarse en casos extremos y ante la sospecha fundada de algún tipo de eventual irregularidad”.
La carta mencionada había sido firmada por Juan Carlos Muñoz, vicepresidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), y por el titular de la Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay (Asamar), Einar Domínguez.
Como resultado de las protestas y las presiones que se dieron ante las autoridades aduaneras argentinas, estas cedieron en cuanto a algunos requisitos, pero –de acuerdo con lo señalado por autoridades gremiales empresariales– “lo más peligroso es que las cargas en tránsito al extranjero siguen sujetas a los controles por canal”.