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Según su argumento, “en la ley de expropiación está taxativamente en uno de los puntos el interés moratorio que se tiene que pagar. Eso es lo que cada año se pretende pagar y nosotros tenemos que hacer, como corresponde, los trámites administrativos”. Y añadió: “El precio final se dispuso por ley, pero luego se modifica a través de una sentencia de la Corte. Los cálculos de los intereses que aún no se cancelaron se deben hacer con base en ese precio que la Corte fijó. Así de claro y sencillo”.
El titular del Indert prometió informarnos hoy sobre el “saldo exacto de lo que adeuda el Estado paraguayo en concepto de intereses moratorios”, además de otros documentos sobre el caso.
Por su lado, Moreno dijo a ABC que el Indert había preguntado a la Procuraduría si corresponde pagar intereses, a lo que se le respondió que sí, basándose en la ley de expropiación. Si bien reconoció que la misma Cipasa accionó contra esa ley y logró que la Corte le otorgue la inconstitucionalidad, acotó que solo se recurrió el precio, no así los intereses. “Vos podés declarar inconstitucional una ley, un artículo, un inciso. Hay que ver en qué términos esto fue planteado”, dijo, y prometió darnos más detalles hoy.
El caso Antebi ha sido muy cuestionado porque de 224.000 hectáreas expropiadas, solo 42.945 hectáreas se dieron a campesinos; 103.018 hectáreas se declararon reserva y 79.096 se ocuparon irregularmente.