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La administración de Cárdenas sostiene que la alternativa de solución en el caso Agropeco debe emanar del diálogo y la negociación, “ya que las soluciones exclusivamente jurídicas no serían satisfactorias para ninguna de las partes”, de acuerdo con un comunicado de prensa enviado ayer. El ente agrario expidió irregularmente títulos sobre 4.000 Ha. de esta empresa desde 1985 hasta 2006, en la época en que se denominaba Instituto de Bienestar Rural (IBR), pero las consecuencias se arrastran hasta hoy.
Problema de larga data
Según el reporte de prensa del Indert, en 1985 Agropeco SA acordó vender al instituto rural el total de 6.000 Ha., ubicadas entre los distritos de Tava’i (Caazapá) y San Cristóbal (Alto Paraná). De esa superficie, solamente se finiquitó el pago y la consecuente transferencia de 2.000 Ha., no así de las 4.000 Ha. restantes.
Precisamente, los problemas se tienen sobre esa superficie mayor, debido a que no se finiquitó la transacción. La versión del Indert es que pagó el 30% y que la empresa no cumplió su parte de transferir la propiedad, lo cual es negado por Juan Carlos Mendonca, abogado de la empresa, quien sostiene que la responsabilidad fue del instituto.
Más allá del culpable, reconoce el ente, sobre las tierras que seguían siendo de Agropeco se expidieron títulos entre las décadas de los 80, 90 y hasta el 2006.
La administración actual admite además que el lugar no fue usado para los fines de la reforma agraria y hoy día es explotado mayormente por brasileños aglutinados en la cooperativa Pindó. “En el transcurso del expediente se han hecho numerosas verificaciones, las cuales han concluido que casi toda la extensión de la Colonia se encuentra ocupada por sojales y otros productos de agricultura mecanizada”, indica la misiva.
Señala, además, que entre 2013 y 2014 Agropeco intentó llegar a un acuerdo para regularizar la situación de tenencia de tierras en el lugar, pero que finalmente no se llegó a ninguna solución. Incluso, la empresa devolvió el monto que había recibido del IBR, unos G. 40 millones, ante el nuevo escenario.
Según señaló ayer Mendonca, el propio ente agrario reconoce todas las irregularidades registradas en las últimas tres décadas, por lo que no hay nada más que agregar. No obstante, se ratificó en que planean accionar jurídicamente contra los ocupantes irregulares y no descarta hacerlo contra el Indert, para hacer cumplir el derecho a la propiedad privada garantizado en la Constitución Nacional.