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Numerosas anomalías siguen apareciendo en torno al “Corredor de Exportación” de 150 km (Natalio, Itapúa - Los Cedrales, Alto Paraná), financiado con préstamo de la JICA de US$ 250 millones. La palada inicial se dio la semana última con presencia del titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, y del propio Horacio Cartes.
De acuerdo con una denuncia presentada por la empresa T&C ante la Contraloría y la Procuraduría General de la República (CGR), en 2016 se inició el llamado “con un hecho claramente irregular”, pues la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del MOPC no subió al portal de Contrataciones Públicas los denominados “documentos estándar de licitación bajo préstamos AOD del Japón”.
“En efecto, se limitaron sin dar mayores aclaraciones a proveer un simple link de la página web de la JICA, página que está en inglés, sin indicar cuál de los archivos obrantes en los seis tipos o ítems de PBC en la ‘spanish version’ debía bajarse, más aún cuando cada tipo o ítems se subdivide en otros dos o tres archivos”, señala la nota fechada el 4 de enero pasado y firmada por el Ing. Francisco Griñó, titular de la empresa T&C, que se presentó al llamado en cuestión consorciada con M&T.
Un link y 13 opciones
Según estos datos, no solo se dio apenas un enlace en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), sino que no se indicó cuál de los 13 archivos con instrucciones a los oferentes correspondía al “documento estándar de licitaciones bajo préstamos AOD del Japón”. “Nos preguntamos por qué dicho documento no fue subido al portal de la DNCP, evitando con ello la confusión de un buen porcentaje de los oferentes, el 42%. El documento que el MOPC omitió es clave para conocer la correcta presentación de los documentos (sobre 1 ‘propuesta técnica’ y sobre 2 ‘propuesta de precio’)”, añade la denuncia.
Todo indica que la cartera de Obras Públicas evitó dar detalles sobre la forma de presentación para concretar el último gran “negocio” antes de que cambie el Gobierno, al menos esa es la percepción que tienen los referentes del sector de la construcción. Es que no solo omitió explicar a los oferentes cómo participar (que de por sí pisotea los preceptos de “transparencia” y libre concurrencia de la ley 2051 de Contrataciones Públicas), sino además se les indujo al error al indicar taxativamente en la sección II del PBC que: “Esta licitación no está sujeta a precalificación”. En consecuencia, muchos oferentes creyeron que la apertura de sobres se hacía simultáneamente y pusieron tanto sus propuestas técnicas como las económicas en un solo sobre. Pero, finalmente, primero se abrió y juzgó el sobre 1 y posteriormente, solo a aquellos que pasaron la calificación del mismo, se les abrió el 2.
Así, de 12 oferentes, siete fueron descalificados. Llamativamente, hubo un grupo de empresas que sí entendieron perfectamente las indicaciones del MOPC, pese a los confusos datos, como si tuvieran acceso a algún tipo de información privilegiada. Pero aparentemente en la cartera no contaban con que se les cuele la empresa Santa Fe, de Centroamérica, que sí ofreció correctamente en dos sobres, pero que cometió un error de tipeo en el ítem de barandas metálicas ofrecidas (en lugar de escribir 20.998 metros, tipeó 20.988).
Precisamente, entre las irregularidades denunciadas está el hecho de que hubo un primer dictamen del MOPC que recomendaba adjudicar a Santa Fe para el tramo II de la obra (G. 292.800 millones), pero luego de alegar que la JICA objetó esa elección, se elaboró un segundo dictamen que adjudicaba a la propuesta de Ecomipa, de Juan Carlos Wasmosy (G. 358.038 millones), que era US$ 12 millones más cara. La JICA, empero, hoy desmiente al MOPC.
US$ 19 millones más
Lo más grave es que si se comparan las ofertas adjudicadas con las de por ejemplo T&C-M&T, encontramos una diferencia de US$ 19,3 millones a favor del Estado. “Diferencia que estamos seguros de que será mayor si se las compara con las ofertas de los oferentes que han sido descalificados durante la etapa de evaluación del sobre 1”, destaca la nota enviada a la Contraloría, que la última semana, tres meses después de recibir la denuncia, inició una investigación al respecto (ver facsímil).
Otros tramos cuestionados
Para el tramo 1 de la obra, Natalio-7 de Agosto, existió una sola oferta, la de la empresa Roggio SA, que fue finalmente la adjudicada; las demás existentes fueron descalificadas por no presentar las propuestas en los sobres correctos.
El tramo 3, Río Ñacunday-Los Cedrales, se entregó a Ilsung Construction, pese a que como contratista del MOPC en otra obra (ruta Caazapá-Yuty) registra un retraso de un año y medio.
El tramo 2 adjudicado a Ecomipa SA va desde la localidad 7 de Agosto hasta el río Ñacunday, límite entre Itapúa y Alto Paraná.