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El titular del ente estatal reaccionó ante las publicaciones sobre irregularidades en el proceso licitatorio, afirmando que “es una estupidez, un absurdo” pensar en comprar turbinas para guardarlas. Sin embargo, admitió que el montaje de las máquinas se realizará recién cuando concluya la construcción de las obras civiles, cuya licitación recién está en etapa de precalificación y sujeta a la aprobación de los pliegos. “Es como que uno empiece comprando muebles sin tener todavía la casa”, declaró a radio Uno.
El Ing. Romero insistió en que “el contrato a ser firmado con la Toshiba establece claramente que los plazos están sujetos a la adjudicación del Lote 2”. Agregó que “es obvio que no podemos construir una turbina si no tenemos dónde colocar. Eso está establecido en la negociación contractual”, afirmó el directivo.
En definitiva, la ANDE no hace más que confirmar que tiene la intención de concretar el proyecto a como dé lugar, pese a todas las objeciones que tiene e incluso sin tener siquiera la certeza de cuánto terminará costando el emprendimiento.
A esto se suman los indicios de haber direccionado la adjudicación del Lote 3, correspondiente al suministro de los equipamientos, que favorecerá al consorcio japonés Toshiba Corporation-Mitsui & Co., por US$ 76 millones. Esto se evidencia en el proceso de evaluación donde el comité que tenía a su cargo la revisión de los documentos y especificaciones técnicas solicitó unas “aclaraciones” a los oferentes, en las cuales más bien se realizaban indicaciones precisas para que ajusten sus propuestas para no ser descalificadas.
En una “consulta”, por ejemplo, piden suministrar detalles sobre el control de calidad de las turbinas y a continuación se indica: “La opción o equivalente en el formulario es inaceptable. Por favor borrarla”.
“Correcciones son menores”
El director del proyecto, Ing. Pedro Maciel, aclaró que el Manual de la JICA “permite consultas de aclaraciones y correcciones menores, no sustanciales, y ese tipo de consultas fue lo que se hizo a las tres empresas, no solo a la que fue adjudicada después”. El funcionario añadió que es normal pedir las correcciones a los oferentes. “Según el sistema de la JICA, en esta etapa de evaluación se va puntuando a la empresa y, de hecho, hay puntajes mínimos (que es 70 por ciento) para seguir y hay desviaciones menores que se permiten y están establecidas”, explicó. Insistió en que “son estas desviaciones menores las que se trata de corregir una vez que la empresa pasa el 70 por ciento”, para pasar luego a la etapa de evaluación económica, concluyó Maciel.