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Las organizaciones no gubernamentales mencionadas solicitan la anulación del contrato de venta de Santa Inés, argumentando que es contraria a los términos establecidos por la Ley 352/94. Así también consideran que la operación es una violación de los artículos 4, 6, 7 y 68 de la Constitución nacional, así como del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo de San Salvador.
Idea, Guyra Paraguay y Natural Land Trust consideran que es un derecho humano fundamental el vivir en un ambiente sano y equilibrado. Este es uno de los fundamentos utilizados para invocar el artículo 38 de la Constitución Nacional, que garantiza el efectivo goce de los derechos de incidencia colectiva y otorga legitimación para presentar acciones populares.
La demanda presentada contra el Banco Nacional de Fomento fue asignada por sorteo al juzgado de la niñez y la adolescencia del primer turno, a cargo de la abogada Graciela Isabel Rolón Cardozo, secretaría 2, responsabilidad de la abogada Alicia Plate de Ramírez. La carátula del expediente es Instituto de Derecho y Economía Ambiental y otros contra Banco Nacional de Fomento y otros sobre Amparo, expediente número 382/03.
El martes 1 de julio, la jueza Rolón Cardozo declaró procedente la demanda de amparo y ordenó requerir informes al Banco de Fomento sobre los hechos alegados en la demanda. En el mismo escrito rechazó el pedido de prohibición de innovar en las tierras de Santa Inés, bajo la consideración de que la solicitud de medida cautelar perseguía la misma finalidad que el amparo.
El equipo jurídico demandante presentó una apelación a la decisión judicial. La secretaría del juzgado recibió el escrito el 3 de julio y la jueza Rolón Cardozo respondió al día siguiente, concediendo la apelación en todos sus términos. Con esta decisión, la prohibición de innovar podría ser implementada.
La respuesta de los abogados del Banco de Fomento no se hizo esperar. El mismo 4 de julio solicitaron al juzgado rechazar la apelación. El 7 de julio la jueza acepta el pedido del Banco de Fomento, en abierta contradicción con su misma decisión, de apenas tres días atrás.
Esta situación obligó a las organizaciones no gubernamentales a presentar un escrito en el Tribunal de Apelaciones, pidiendo la concesión del recurso de queja por apelación denegada y la prohibición de innovar. El 11 de julio se acepta el pedido de queja y en este momento se aguarda la respuesta al pedido de no realizar innovaciones en Santa Inés.
Este es el marco legal, en torno al futuro de las tierras de Santa Inés. La pregunta lógica es: ¿dónde se encuentra ubicada, por eso la importancia de Santa Inés? La finca 974 ocupa una superficie de 3.302 hectáreas. Está ubicada en la zona central de la Reserva de Recursos Manejados San Rafael y linda con una propiedad recientemente adquirida por la Asociación Guyra Paraguay, destinada a perpetuidad a la preservación ecológica.
El Banco Nacional de Fomento es el propietario de las tierras. Por su ubicación se convirtió en una prioridad para la conservación de San Rafael. Se encuentra en el centro del área protegida y en torno a Santa Inés giran los caminos que permiten acceder a los bosques para extraer madera. La preservación de estas tierras, donde se podrán instalar puestos de vigilancia de guardabosques, tendrá como efecto cortar una de las principales vías para la extracción ilegal de rollos de madera.
Inicialmente el Banco de Fomento ofreció a Guyra Paraguay la venta de Santa Inés. El 6 de setiembre de 2001 presentó dos opciones para la compra: precio contado, dos mil millones de guaraníes; financiado, tres mil millones de guaraníes, con una entrega del 10 por ciento, el saldo a 10 años y una tasa de interés del 15 por ciento anual. El valor de tasación fue establecido en tres mil millones de guaraníes y poco más.
Las negociaciones entre el Banco de Fomento y la Guyra Paraguay, con detalles que iremos publicando a lo largo de la serie de notas, siguieron hasta diciembre de 2002, con la participación de la Secretaría del Ambiente.
Ocultando información a la Secretaría del Ambiente y a Guyra Paraguay, el Banco de Fomento inició negociaciones con el ingeniero Antonio Eliodoro Ibarra Llano, titular de la empresa Cociel Ingeniería SRL, empresa contratista de la Entidad Binacional Yacyretá, según pudimos constatar en la página web de la EBY.
Antonio Eliodoro Ibarra Llano constituyó el 20 de diciembre de 2002 la firma Agroganadera Don Felipe y para el 11 de febrero ya consiguió comprar Santa Inés. En ese momento, la presidencia del banco era ocupada por Juan José Galeano Brítez.
PROXIMA NOTA: El origen de Agroganadera Don Felipe.