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Nuestro diario publicó días pasados parte de un dictamen de la misma Abed de fecha 23 de diciembre de 2012, en el que ella señalaba que la obra de canalización del arroyo Itay puede enmarcarse en el artículo 9 de la Ley 294, que exime del requisito de Evaluación de Impacto Ambiental cuando se trata de una cuestión de defensa nacional.
Según su parecer jurídico, en vista de que la canalización del arroyo está dentro del territorio de la Fuerza Aérea y que la pista es usada para vuelos civiles y militares, se puede considerar una obra de “defensa nacional”.
Pero en su declaración testifical, Abed apuntó que el ministro Osnaghi no le informó de las obras que finalmente se hicieron (las enormes excavaciones y extracción de tierras para rellenar el terraplén de la futura Autopista Ñu Guasu), sino que el dato que ella manejaba se limitaba a obras de canalización alrededor de la pista.
Si bien Abed se lavó las manos con estas declaraciones, lo cierto es que ella también formó parte de quienes recomendaron que se realice una obra en el aeropuerto sin Evaluación de Impacto Ambiental.
Lo contradictorio de esto es que esa recomendación (supuestamente sin tener toda la información del caso) provino de una especialista ambiental, que incluso representa a nuestro país ante la ONU para la “justicia ambiental”, y cuya función debería ser velar por el cuidado de los recursos naturales.