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A raíz de las publicaciones de ABC Color en las que se hacía referencia a la presentación realizada por autoridades de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), del proyecto de Desarrollo Integral Estratégico Sostenible a ser realizado conjuntamente con la Itaipú Binacional y el Ministerio de Salud, el administrador de Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas de España, Ing. Miguel Ángel Gallardo, advirtió que muchos convenios de la UPM “se pervierten hasta extremos difíciles de explicar” y aseguró que existen numerosas denuncias contra sus autoridades por malversación de fondos.
Indicó que fueron arrimados varios documentos ante el Tribunal de Cuentas de España y que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid emitió un dictamen que demuestra las irregularidades cometidas por la citada universidad.
“Las autoridades de la UPM deberían explicar mejor sus propias cuentas en lugar de utilizar recursos públicos para que sus funcionarios hagan viajes en los que ofrecen titulaciones a cambio de negocios”, señaló Gallardo, quien preside además la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos de su país.
Añadió que “los españoles no debemos permitir la utilización de las funciones y medios de la UPM en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. Tenemos fundadas sospechas de que los planes de la UPM en Paraguay no se limitan a intercambiar alumnos”, dijo en referencia al protocolo de intención suscripto con la Itaipú Binacional por la cual los estudiantes españoles pueden realizar pasantías en la central hidroeléctrica, y los paraguayos, cursar maestrías en la capital española.
Gallardo dijo que detrás de estos convenios se mueven “descarados negocios impropios de funcionarios públicos” que están investigando sin concesiones de ningún tipo, en toda América. “Mi consejo para las autoridades paraguayas es que desconfíen de los funcionarios que ofrecen lo que mi país ya no puede permitirse en modo alguno”, señaló el profesional.
Cabe indicar que el Ing. Pedro Domaniczky, director de Coordinación de Itaipú Binacional, afirmaba que las autoridades locales fueron puestas en conocimiento de estas irregularidades, pero sugirió que se trataba de una “guerra judicial interna”.