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Explicó que el proceso de una inversión internacional varía de acuerdo al tipo y que en todos los casos tiene como mínimo tres etapas. “La primera es un análisis profundo del país, que incluye riesgos, no solo económico, sino también político, poblacional, impositivo, provisión de energía. Es decir, diferentes escenarios de “stress de riesgos” específicos y globales, inclusive relativos a la historia del país receptor”, expresó.
Añadió que en esta etapa, el factor de seguridad jurídica versus factores políticos tiene un “especial puntaje”, tal punto que un país que no tenga esta cualidad genera automáticamente alarma de “riesgo país alto”. Acotó que este es diferente al riesgo-país tradicional o estándar.
“La situación que atraviesa hoy nuestra Ley de APP puede ser comparada con el proceso de impedimento que sufrió nuestro país para asistir al Mercosur, tras la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. Ese proceso también fue definido más bien por factores políticos que por argumentos técnicos o jurídicos y, al igual que en ese proceso, el daño a la República del Paraguay ya está realizado en el presente”, lamentó.
Aseveró que la decisión política asumida por la Cámara de Senadores hacia fines de mayo pasado es realmente un atentado contra la seguridad jurídica de las inversiones internacionales y de la generación de empleos. “Hay que entender, de una vez por todas, que los factores políticos no pueden estar encima de la generación de beneficios y seguridades para los ciudadanos del Paraguay”, afirmó. La inversión extranjera directa (IED) en muchas partes del mundo es el motor de la economía”, dijo el profesional.