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En una estimación “a ojo de buen cubero”, las pérdidas no técnicas, es decir por robos, hurtos o fraudes, estarían en torno al 10% de consumo anual nacional, señaló el técnico. Fueron aproximadamente 15.000 GWh en 2015, representando una pérdida de facturación cercana a los US$ 95 millones para la ANDE, señaló Samaniego.
“Ese monto justifica la instalación de medidores colectivos de energía con acceso y corte remoto, lo cual podría constituir parte de una solución económica a este problema”, refirió el especialista. “Se dice económica, ya que en los asentamientos se presume que el costo de facturación –medidor, accesorios, lectura, procesamiento, etc– posiblemente sea superior al monto de consumo. Si solo se desconectan los enganchados, en poco tiempo vuelven a lo mismo. Es necesario un plan integral, con tecnología adecuada, para el combate al robo de energía”, insistió el exgerente de la ANDE.
Recordó que hace varios años, cuando todavía existía el Consejo de Administración de la ANDE se presentó en esta instancia un plan, pero nunca fue implementado por el ente estatal.