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Sobre el tema, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya dieron unos primeros pasos con el fin de elaborar una propuesta de decreto que permitirá al Estado acceder a mejores condiciones de financiamiento para obras de infraestructura bajo dicho mecanismo. El trabajo apunta a realizar ajustes en la reglamentación de la mencionada Ley 5074 para optimizar esta herramienta de financiamiento, de manera que estos cambios contribuyan a dinamizar su aplicación efectiva, para así seguir potenciando la inversión pública y avanzar en la reducción de la brecha del déficit en infraestructura del país, indicaron desde el Ministerio de Hacienda.
Cabe señalar que el sistema “llave en mano” es una de las herramientas con que cuenta el Gobierno para financiar obras de infraestructura, pero que a la fecha ha sido poco productiva. Hasta ahora, el MOPC pudo sacar adelante un solo proyecto licitado bajo esa la modalidad, en la que el contratista gana con las obras y también con el financiamiento. Se trata de la pavimentación asfáltica del camino rural San Cristóbal-Ruta 6. Los demás proyectos, o fracasaron o bien la apertura de sobres se ha postergado infinidad de veces.
En su momento, técnicos de Hacienda habían advertido que esta herramienta, la Ley 5074 “llave en mano” era útil para proyectos pequeños, no así para los de gran envergadura, lo que confirmó la nueva ministra. Sobre el punto, el ministro de Obras, Ramón Jiménez indicó anteayer que por el momento tiene un decreto del Presidente que le instruye a llevar adelante las obras bajo esta modalidad. “Hasta tanto no tenga una decisión contraria, también a través de un decreto, seguiremos trabajando en la misma línea”, aseguró.
Esta situación ya quedó en evidencia con el fracaso del proyecto Transchaco, al que Hacienda se opuso. Ahora el Gobierno está viendo otras opciones, como un pedido de crédito a organismos internacionales (el BID y la CAF) para obtener los recursos, unos US$ 500 millones aproximadamente. Ambos organismos (BID y CAF) deben analizar el pedido para antes de fin de año.
Otras de las modalidades, no muy fructíferas aún, es la que se financia a través de la modalidad de alianza púbico-privada (APP) bajo la Ley 5102/13.
Tanto la modalidad de “llave en mano” como la APP permiten la transferencia de riesgos que típicamente son del sector público en la obra pública tradicional, al privado que comparte ese riesgo.