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Shirley Ayala, licenciada en obstetricia; Celso Santiago Unzaín, empresario; y Bernardo Aponte, escribano, tienen en la mira al campo comunal de la isla Ytororó, frente a San Antonio.
Las tres personas tienen el mismo objetivo: despojar a los agricultores del punto más alto de la isla para facilitar tareas de amarre de embarcaciones.
Shirley Ayala es propietaria de la firma L.A Emprendimientos. Desde el año 2007 alquila la ribera de la isla para amarre.
Celso Santiago Unzaín es propietario de la empresa “Amarres del Sur”. Se presentó ante el Indert como agricultor para solicitar la entrega de las 19 hectáreas donde los agricultores tienen su campo comunal.
Bernardo Aponte, abogado y escribano público, trabajaría en conjunto con Celso Santiago Unzaín. La dirección de “Amarres del Sur” coincide con la oficina profesional de Aponte.
En el caso de Shirley Ayala, cuenta con una resolución de la Prefectura General Naval que autoriza a su empresa a realizar tareas de amarre.
La autoridad de aplicación competente es la Dirección de la Marina Mercante, de allí que la actividad que realiza Shirley Ayala sería ilegal. Ayala tampoco cuenta con autorización del Indert para tomar posesión de la ribera de la isla; el instituto agrario es propietario de Ytororó. Complot contra los agricultores
Lo grave es que funcionarios del Indert estarían actuando como cómplices de estas personas en el objetivo de usurpar el campo comunal. Los agricultores están organizados en un comité que cuenta con personería jurídica, según consta en el Decreto 787 del 2 de noviembre de 2004.
Funcionarios del Indert desconocen la personería jurídica e imponen a los agricultores la obligación de contar con un comité reconocido por el instituto agrario; esta gestión lleva ya un año sin resultado alguno.
Por si fuera poco, la fiscala Laura Ávalos Amarilla, de San Antonio, imputó a los directivos de la isla por “perturbación de la paz pública”. Modestos agricultores viven librados a su suerte.
roque@abc.com.py