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Los lotes en proceso de recuperación que están en manos de personas no sujetas del Estatuto Agrario son aquellos que no tienen título y tampoco hay demostración manifiesta de arraigo de sus ocupantes mediante la construcción de viviendas y dedicación al cultivo. Así explicó el responsable del SIRT y asesor de la Unión de Gremios del Paraguay (UGP), Hugo Jiménez.
Según Jiménez, la idea es recuperar tierras para entregarlas a campesinos que hoy las necesitan. Sin embargo, aclaró que los lotes que ya tienen título definitivo, aún los conseguidos con informes falsos, no serán cambiados. “Si el beneficiario ya canceló la deuda con el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), ya hay título finiquitado, con número de finca en el Registro de la Propiedad, ya no hay nada que hacer. Hay gente que tiene cinco lotes, contraviniendo lo que dice el Estatuto. Es injusto. Pero si se pretende recuperarlos pasarán 50 años en una demanda”, señaló.
El responsable del SIRT informó que tras los relevamientos de datos, verificaron la situación de las tierras y el “modus operandi” para acceder a ellas irregularmente. “Hemos notado que este es un esquema vigente, donde el beneficiario es un paraguayo, pero el extranjero es el apoderado. El paraguayo, sin siquiera haber ocupado ni pagado por el lote, le da poder para que actúe en su nombre y representación para hipotecar, vender, transferir o suscribir escritura pública”, indicó.
En ese momento, explicó, el extranjero pone el inmueble a nombre de un pariente, pero que ya es de nacionalidad paraguaya, como para “adecuarse” a la ley.
También está el caso en el que el productor foráneo que desde el inicio tiene la intención de hacerse de las tierras del Estado y usa al campesino como prestanombres para hacer el proceso de adjudicación ante el Indert. En ambos casos el escribano certifica y avala la escritura pública “en abierta inobservancia de la ley, en connivencia con el funcionario” del ente rural, aseveró (ver infografía).
Más allá del tipo de irregularidad verificada, Jiménez aseguró que todos los casos en los que se violaron la ley del Estatuto Agrario serán enviados a la Procuraduría General, de modo a dar prosecución penal a los casos de funcionarios públicos que dieron informes falsos. También a la Escribanía Mayor, para que actúen respecto a los escribanos cómplices del esquema de corrupción con las tierras estatales.
Sistema de Información
El SIRT es financiado por el Indert a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por medio del cual se relevaron y georreferenciaron datos de 25 colonias campesinas de Caaguazú, Canindeyú y Caazapá, cuyos resultados se presentarán a fines de mes.
El costo fue US$ 400.000 y se prevé llegar a las 1.100 colonias en dos años más, que implicará US$ 4,5 millones más de desembolsos.
Además del ente rural están involucrados en el trabajo del SIRT, la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Agricultura y Servicio Nacional de Catastro. Recientemente, también se incorporaron la Escribanía Mayor de Gobierno y la Procuraduría General de la República.