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El 31 de octubre último, el administrador aduanero de Capital, Carlos Alfredo Medina, firmó la Resolución N° 263 por la cual sobresee a las firmas del Grupo Vierci y responsabilizó a otras cinco empresas (ver cuadro adjunto) por el ingreso de esa cantidad de edulcorante.
El cargamento fue decomisado el 10 de marzo de este año de los depósitos de las firmas AJ SA y Retail SA, ubicados en Itauguá, por un equipo conformado por agentes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Aduana y de la Policía contra Delitos Económicos ante la presunción de contrabando.
Según la resolución firmada por Medina, los informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con respecto a las facturas presentadas por las empresas del Grupo Vierci constituyen documentos válidos para la legislación tributaria y administrativa de Paraguay. Esto, debido a que los documentos que presentaron ambas empresas en el sumario de la Aduana corresponden a empresas que estaban habilitadas para operar y vender azúcar en su momento.
No obstante, en la resolución se lee que, en los documentos presentados por AJ SA, las empresas proveedoras “Distribuidora San Rafael” y “Comercial Blanca Diana” no presentaron sus descargos en el sumario. Es más, en el caso de San Rafael, la SET ni siquiera pudo encontrar domicilio alguno de esta firma.
En el documento se deja constancia de que la representación fiscal pidió que la situación de la carga sea declarada en infracción aduanera de contrabando y que todas las empresas involucradas sean responsables de haber participado en el ingreso de este cargamento, incluyendo a las firmas de AJ Vierci.
Sin embargo, el administrador Medina justifica su resolución en dos puntos fundamentales: el informe de la SET –en el que se habla de que las facturas son legales–, lo que les valdría a estas empresas para considerarlas como “compradora de buena fe” y un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de mayo de este año, en el que la Aduana perdió un caso –similar al planteado en esta causa– por supuesto contrabando, que le significó una millonaria pérdida.
Según Medina, este documento de la Corte deja un precedente peligroso, por lo que prefiere “resguardar” el patrimonio de la Dirección de Aduanas ante acciones y recursos judiciales que podrían plantearse.
Las empresas que fueron finalmente acusadas de contrabando son cinco (ver infografía) y están obligadas a pagar una multa del 100% sobre el valor de la mercadería, así como la incautación de los camiones que fueron utilizados en el traslado de la carga.
Algunas no justificaron
De acuerdo con el informe de la SET y del sumario aduanero, las firmas Prosper SRL, Distribuidora San Rafael y Comercial Imperio Águila Real Import Export, son las principales empresas que no pudieron justificar el origen del azúcar, que como proveedoras, son las que aparecen finalmente como las responsables de la carga.
Los antecedentes del caso indican además que el propio Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) ya realizó en abril pasado un informe técnico sobre el azúcar incautado. En dicho estudio, se demostró que el producto no fue elaborado por ingenio paraguayo debido a que contenía sustancias que están prohibidas en su fabricación en nuestro país.
Igualmente, la Dirección de Aduanas, en un informe, aseveraba que en 2014 no se realizó ninguna importación de azúcar.
Medida puede dejar sin chances a Fiscalía
La resolución firmada por el administrador de la Aduana Capital, Carlos Medina, mediante la cual sobresee a 11 empresas –entre ellas a las del Grupo Vierci– en el caso “contrabando de azúcar”, deja poco margen de acción al fiscal penal que atiende este caso, teniendo en cuenta que la acción, en las cuestiones relacionadas con la Aduana, depende en gran medida de las resoluciones administrativas.
No obstante, la representación fiscal aduanera puede apelar la resolución de la administración capitalina, medida que hará que el caso pase a instancias del director de Aduanas, Nelson Valiente, quien debe resolver el caso para luego dirimirse en el Tribunal de Cuentas.