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De acuerdo con el escrito presentado por Vallejo, el 21 de octubre de 2011, la importadora Intercom Ingeniería SA –que aparece a nombre de Jorge Alderete– despachó un cargamento de decodificadores para vender los aparatos en el mercado paraguayo. La citada empresa presentó documentos adulterados, en los que hizo constar que la mercadería tenía un valor de 17.760 dólares, sobre los que pagó los impuestos de importación.
Sin embargo, un trabajo de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA) determinó, mediante la obtención de las facturas legales de compra de los aparatos, que en realidad la mercadería costó un total de 1.026.028 dólares, por lo que la empresa evadió pagar tributos sobre más de un millón de dólares.
Según la denuncia, la CAIA igualmente hizo cruzamiento de datos con las remesas de dinero enviadas por la empresa, que coinciden más con la cantidad que figura en la factura de origen legal que con el monto menor. Es decir, se comprobó que la firma envió mucho más dinero que los 17.000 dólares que hizo figurar para comprar los decodificadores.
Venta a Copaco
Rápidamente, la firma Intercom Ingeniería SA vendió estos productos a la firma Sitesa, según factura legal. Esto no tendría nada raro si no fuera porque Sitesa fue ganadora de la Licitación Pública Nacional 06/11, mediante el cual proveyó a la Copaco decodificadores por un total de G. 24.999 millones, o sea unos cinco millones de dólares. Es decir, lo que se compró por un millón de dólares, y que se hizo figurar por 17.000 dólares para evadir impuestos, se vendió al Estado por unos cinco millones de dólares.
A la par de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos, Aduanas abrió un sumario sobre el despacho de esta mercadería para determinar si califica como contrabando o como defraudación aduanera. Por de pronto, no se sabe si hay funcionarios de la Aduana involucrados en el proceso investigativo, pero dependerá de cómo avancen las investigaciones dentro del sumario, indicaron desde la entidad.
Supuestamente, uno de los responsables de la empresa involucrada es el candidato a diputado por Central Carlos Núñez, pero desde su equipo afirmaron que Núñez ya no tiene ninguna relación con la firma.