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En visita a nuestra redacción, Pedrozo y González denunciaron las “violaciones de derechos de los propietarios” por parte del Indert, que a falta de lugar en la colonia “modelo” de Santa Lucía (distrito de Itakyry, Alto Paraná), está llevando a labriegos a una localidad vecina conocida como Punta Pistola (Yvyra Rovana, Canindeyú), donde las fincas ya tienen dueños.
Cuestionaron duramente al presidente del ente agrario, a quien acusan de atropellar leyes en las gestiones que lleva a cabo en el interior del país. En este caso en particular lo responsabilizan de pisotear derechos de los propietarios de 313 hectáreas en Punta Pistola.
Se trata de 10 afectados, paraguayos naturales, que están desde el 2001 en el sitio, quienes realizaron todos pagos por las tierras al instituto (entre los años 2003 y 2007), según los documentos proveídos a ABC, pero no llegaron a obtener título finiquitado porque la localidad sufrió un cambio de distrito; antes pertenecía a Alto Paraná y luego pasó a ser parte de Canindeyú.
De acuerdo con lo explicado, estas personas son las que quedaron de un total de 50 familias, muchas de las cuales abandonaron el lugar, tras ceder ante la presión del Indert y la impunidad con la que se maneja el ente, que viola leyes casi de forma consuetudinaria, dijeron.
“Segundo Curuguaty”
Pedrozo y González alertaron sobre el “grave peligro” creado por la administración de Cárdenas en esta zona del país, pues está llevando a campesinos que ya no tienen cabida en Santa Lucía frente a las propiedades de Punta Pistola, a modo de presión. “Aquí podría ocurrir un segundo Curuguaty, incluso más sangriento”, lamentó el abogado, haciendo referencia a la aparente intención del Indert de enfrentar a paraguayos con otros paraguayos.
Según lo señalado, lo peor de todo es que en nombre del Indert, el presidente del instituto llegó a firmar un acuerdo de compromiso con los pobladores de la localidad en cuestión, el 15 de junio de 2015. Según el documento, los propietarios acceden a entregar la posesión de sus fincas con la condición de que el ente les dé, en el marco de una permuta, tierras de la colonia 8 de Diciembre, de Itakyry, en un lapso de 90 días.
Sin embargo, ese plazo feneció hace más de un mes y los pobladores aún no reciben otras fincas. Al contrario, el ente intenta sacarlos a la fuerza, recurriendo al desalojo y violando el debido proceso y las leyes, de acuerdo con lo resaltado.
Demandarán a Cárdenas
Los afectados de la localidad llamada Punta Pistola prevén demandar a Justo Cárdenas por los supuestos delitos de lesión de confianza y estafa, porque violó el acuerdo firmado entre las partes y, además, pretende anular derechos de quienes tienen 100% de sus pagos realizados al Indert hace años, además de la ocupación y la posesión, incluso desde el 2001.
Este no es el primer proceso en el fuero penal que tiene como protagonista a Cárdenas. El titular del Indert tiene varias denuncias de afectados por supuestas violaciones de la ley en diferentes zonas del país, por lo que esta nueva causa se sumará a todas las que está enfrentando.