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En un comunicado enviado a la prensa, el Indert aclaró que Punta Pistola es parte de la colonia Santa Lucía, sólo que esta última se encuentra asentada mayormente en Alto Paraná y una menor área en Canindenyú.
La misiva fue una respuesta a la denuncia hecha por los dueños de 313 Ha. del lugar, que acusan al ente agrario de atropellar sus derechos, pues según señalan, ellos tienen 100% de los pagos sobre las tierras, además de ocupación y posesión desde el año 2001.
Sin embargo, el instituto asegura que estas personas, que son diez ciudadanos paraguayos en total, no cumplieron con requisitos exigidos por el Estatuto Agrario. Específicamente en lo relacionado a dedicarse a la agricultura como actividad económica principal (Art 16, inciso b), y residir en el sitio (Art 48). El comunicado señala que estos “ocupantes de los lotes públicos residen en zonas urbanas del departamento de Alto Paraná, se dedican al comercio y disfrutan de una situación económica inmejorable”.
Puntos sin respuesta
Lo que el ente no explica en su misiva es por qué llevó a otros campesinos hasta Punta Pistola, sin antes haber finiquitado el proceso judicial de recuperación de las tierras ni efectivamente contar con las propiedades, que hoy día están siendo custodiadas por los dueños anteriores.
Los labriegos trasladados son parte del grupo que estaba asentado en la zona de Marina Cue (Canindeyú), cerca del lugar de la masacre en la que murieron 11 campesinos y 6 policías en el año 2012, justamente en un conflicto por tierras.
Tampoco explica por qué sostienen que estas personas no son sujetas de la reforma agraria, pero contrarictoriamente, el ente firmó con ellas un acuerdo de permuta, por medio del cual los ocupantes ceden sus lotes y a cambio, el Indert les reubicaría en otro sitio.
Explicación jurídica
La institución se limitó a decir que “las tres manzanas de la fracción denominada “Punta Pistola”, que suman aproximadamente 313 hectáreas, se encontraban a nombre de todos los miembros de la familia González. La manzana A ya se encuentra titulada y finiquita, por lo tanto no ha sido afectada”. Agrega: “Las manzanas B y C aun no cuentan con título finiquitado y no demostraron el arraigo requerido, por lo que fueron afectadas, y deben ser entregadas a verdaderos sujetos de la Reforma Agraria”.
“La institución ya ha revocado administrativamente todas las pretensiones sobre los lotes no titulados, porque que no cumplen con los requisitos que la Ley taxativamente impone (arraigo, vivienda, etc), además, cuenta con Sentencia Definitiva de interdicto de adquirir la posesión sobre todas las fincas que conforman la Colonia Santa Lucía, lo que le faculta a disponer de las mismas, otorgándoselas a verdaderos sujetos de la Reforma Agraria quienes le darán el uso social al que siempre debieron estar destinadas”, puntualiza la misiva.
Misión incumplida
Según se lee en la página web del Indert, su misión es “promover la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación”. Sin embargo, en lugar de eso, el ente traslada a labriegos a las zonas de conflictos de tierras, exponiéndolos a peligrosos enfrentamientos.