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La abogada representa a los demandantes en el juicio caratulado “Alfredo Sebastián Jaeggli Valdés y otros c/Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre ejecución de resoluciones judiciales”, que obliga al Estado a pagar más de G. 18.00 millones (US$ 3,2 millones) por un inmueble (Finca 2108 con Padrón 3146 de Itakyry).
Los organismos del Estado involucrados en esta causa, encabezados por el Ministerio de Hacienda, denunciaron ante la opinión pública en conferencia de prensa, el pasado miércoles, que la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tania Carolina Irún, denunció a la ministra de Hacienda, Lea Giménez, por desacato y que esa medida era más bien para forzar el pago por unas tierras con titulación irregular y que siempre pertenecieron al Estado.
Bordón indicó que quieren hacer creer a la opinión pública que se le está supuestamente obligando injustamente a pagar a la ministra Giménez, quien fue denunciada el 10 de abril ante el Ministerio Publico por desacato a la orden judicial previsto en la Ley Nº. 4711/12.
Sostiene que la presente deuda del Estado proviene de un juicio de ejecución de sentencia, que ya pasó por todas las instancias e incluso la Corte Suprema de Justicia. “En virtud a ello ha emanado una orden judicial, a fin de que la ministra Lea Giménez proceda al depósito de la suma adeudada en la cuenta judicial abierta a nombre del juicio”, señaló al respecto la profesional.
Expresó que lo más importante que las instituciones públicas omiten en su comunicado de prensa “es el allanamiento total e incondicional” del anterior procurador general de la República, Roberto Moreno Rodríguez, y del mismo representante del MOPC, Dionisio Mereles, este último también estuvo presente en la conferencia de prensa ofrecida anteayer en Hacienda.
A criterio de Bordón, en un Estado de Derecho las órdenes judiciales se cumplen y la ministra Giménez mal puede ampararse en dictámenes errados del procurador Francisco Barriocanal, “quien borra con el codo lo que su antecesor firmó con el puño”. En ese sentido, insiste en que mal puede por dictámenes de la Abogacía del Tesoro hacer caso omiso a lo que la ley manda, que es el cumplimiento de la orden judicial.
“No es cierto que exista alguna demanda o recurso pendiente, se han pasado por todos los estrados judiciales con resultado ganancioso a mis clientes y aunque no les guste el resultado las órdenes deben cumplirse por respeto a la igualdad que como ciudadanos nos merecemos, y no encontrarnos ante un superpoder con ministros del Ejecutivo que hacen lo que quieren y no cumplen con sus obligaciones”, añadió.
La abogada puntualiza que la ministra Giménez está incurriendo en delito de desacato a las órdenes judiciales por no querer asumir las responsabilidades que le corresponden al Estado y esto hace que se genere cada día más intereses por la deuda.