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El proyecto de ley fue promovido por Justo Cárdenas, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), y se presentó a la Cámara de Diputados en diciembre de 2017. Ante el temor de que lo traten la próxima semana pese a las objeciones jurídicas que tiene el proyecto, los gremios de funcionarios y campesinos de distintas localidades del país prevén una protesta para la próxima semana, en fecha a definir, según informaron a ABC los miembros del Sindicato de Trabajadores del IBR (Sintibir) y el Sindicato de Trabajadores de la Reforma Agraria (Sintra).
De acuerdo con lo señalado, con una ley avalando el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) se estaría anulando definitivamente las funciones del Indert y legalizando irregularidades cometidas por esta administración a través del citado catastro rural. Esas anomalías tienen que ver con desalojos ilegales, desmembramiento de lotes de los campesinos para entregar a otros, denuncias sobre supuestas coimas, entre otros.
Los datos indican que en el 2017, Cárdenas emitió una circular a través de la cual informaba la prohibición de emitir títulos si no era a través del SIRT, con lo cual ya entonces paralizaron al instituto, apartándose del principio de legalidad de la función pública, según sostienen desde el Sintibir y el Sintra.
Las mismas funciones que se anuncian para la dirección de catastro agrario ambiental ya tienen hoy día varias dependencias del ente, como las gerencias de Ingeniería Rural, la de Desarrollo, de Colonias y Tenencias, etc., que se quedarían oficialmente en el “freezer”. La diferencia es que la creación de esta nueva dirección requerirá del ingreso de más funcionarios, dejando de lado a los que ya están y con la carga financiera que eso implica.
Los gremios de trabajadores informaron en tal sentido que los empleados del SIRT fueron contratados sin examen de méritos en los últimos años y que incluso, a muchos de ellos se les llegó a meter como funcionarios permanentes del Indert, también sin concurso de oposición.
El catastro rural demandó un presupuesto de US$ 5,1 millones de 2014 a 2017 y para este año se aprobaron US$ 1,5 más, según resolución N° 336/18 “que aprueba el presupuesto del SIRT para el ejercicio 2018”.
Por estos motivos, el Sintibir y el Sintra solicitaron formalmente a ambas cámaras del Congreso que rechacen el proyecto de ley pretendido por Cárdenas. Fue a través de notas recibidas por Senadores y Diputados a inicios del mes en curso.