Cargando...
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pospuso al final hasta el 29 de junio próximo el acto de apertura de ofertas para el ensanche de las rutas II y VII. Esta es la cuarta prórroga que se realiza y el ministro Ramón Jiménez Gaona anunció que convocarán en las próximas semanas a una audiencia pública para escuchar a las firmas habilitadas para competir, que previamente habían sido precalificadas.
Explicó que si bien fueron 11 las empresas (varias de ellas extranjeras) que aprobaron el proceso de precalificación, tienen conocimiento de que son seis las que manifiestan interés en presentarse a la licitación. No obstante, esperan que con la nueva prórroga se presenten todas las precalificadas originalmente.
“Queremos saber cuáles son las circunstancias que están dificultando completar el proceso y cumplir con todos los trámites. Es por eso que vamos a convocar a una audiencia. Queremos trabajar con ellos (los oferentes) y hacer las aclaraciones que sean necesarias para asegurar mayor participación”, dijo el secretario de Estado.
Algunas de las empresas que pidieron la prórroga son Sacyr Concesiones (España) y Mota-Engil (Portugal).
El ministro dijo que la convocatoria a una audiencia no significa que se flexibilizarán los criterios, sino que se escuchará la opinión de los oferentes en este primer proyecto APP de infraestructura que está lanzando el Gobierno.
El proyecto y la estimación de costos
Las obras que deben ejecutarse corresponden al ensanche de las rutas II y VII, tramo Ypacaraí-Pastoreo (Km 183).
El objetivo de este proyecto es duplicar la cantidad de carriles en el tramo mencionado, que se estima es el que registra mayor tráfico en todo el país.
El ensanche de los tramos mencionados, con las cuatro circunvalaciones y los tres viaductos que están previstos, tendrá un costo de aproximadamente US$ 400 millones.
En la licitación la oferta que resulte adjudicada será aquella que considere el aporte de la mayor parte de los recursos por parte del oferente, dejando lo menos posible para el Estado.
También tendrán en cuenta el precio de la tarifa de peaje que la empresa pida establecer para recuperar la inversión.