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No obstante, la sesión permitió comprobar que un sólido arco de legisladores opositores, 37 votos en total, con su aprobación del proyecto en cuestión, demuestran que no confían en las gestiones del gobierno de turno y que están dispuestos a intervenir en el desafiante proceso que debe finalizar el 13 de agosto de 2023.
La sesión ordinaria permitió asimismo confirmar que entre las alas abdistas y cartistas del Partido Colorado no hay diferencias sobre asuntos de carácter estratégico, como el Tratado de Itaipú, sino también en cuestiones de política doméstica, que garantizan impunidad para los capitostes de una de las alas y la permanencia en el gobierno de los que se autodenominan Añetete.
Entre los que reivindicaron a Stroessner como “constructor” de Itaipú estuvieron el diputado Colym Soroka (abdista), Walter Harm (cartista), Justo Zacarías Irún, (cartista y ex director de coordinación de Itaipú).
La verdad es que Itaipú fue el producto de las apetencias energéticas del Brasil y, más específicamente, de la irrupción militar brasileña en territorio paraguayo en los años ’60. Paraguay, a raíz de estos desplazamientos, admitió al Brasil como copropietaria de los Saltos del Guairá, parte de la soberanía nacional hasta 1966, año en que se firmó el Acta Final de Foz de Yguazú.
La construcción de la hidroeléctrica se hizo posible mediante un préstamo inicial, no aporte, de Eletrobras, y otros varios, inclusive la llamada “deuda espuria”.
Un solo dato, muy contundente, prueba a cuál de las altas partes benefició Itaipú con su energía: en 36 años de producción, nuestro país pudo aprovechar apenas el 7,97% del total, Brasil el 92,03%. Del 50% que le pertenece utilizó solo 16% y cedió el 84% por un precio promedio de US$ 3,87/MWh.