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Las obras de las oficinas de Gobierno que se construyen en el Puerto de Asunción –cinco torres para seis ministerios–, cuyo precio ya repuntó a US$ 85,8 millones, tiene un financiamiento de solo US$ 13,6 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero se rige con las políticas de la multilateral, evadiendo la Ley 2051 de Contrataciones Públicas de nuestro país.
Así se desprende de la Ley 5.133 que aprobó el préstamo de US$ 144 millones para desarrollar el “Programa de reconversión del centro, modernización del transporte público metropolitano y oficinas del Gobierno”, que se aprobó en diciembre del 2013. De ese total, 125 millones corresponde al BID, US$ 19 millones de la OFID (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y US$ 16 millones como contrapartida local.
Se trata del mismo préstamo aprobado para las obras del metrobús, que ya fue cancelado (ver facsímil de las inversiones que debía realizarse en el marco del programa). En el caso de las oficinas de Gobierno, la contrapartida local debía ser de solo 4,8 millones, pero esto se aumentó a más de US$ 72 millones.
Esto significa que, con la anterior administración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), liderado por Ramón Jiménez Gaona, cambiaron totalmente el espíritu del préstamo que fue aprobado por el Congreso y aumentaron sideralmente el aporte local del proyecto, lo cual se financió principalmente con bonos soberanos, pero no se rige con las leyes del país.
Respecto a la obra de las oficinas de Gobierno, recordemos que fue adjudicada por G. 478.828 millones (US$ 71,5 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 85,8 millones), es decir, ya se registró un sobrecosto de G. 95.750 millones (US$ 14,3 millones), que representa un incremento del 20%.
Las obras están a cargo del Consorcio TBI, integrado por las empresas paraguayas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA y representado por Carlos María Orué Gusmao, Rolando Ríos Tomboly y Alberto Barrail.
Como no se rige bajo la ley de 2051, el precio incluso se puede incrementar hasta donde el BID permita y fuentes extraoficiales del MOPC señalan que nuevamente están preparando otro aumento del monto del contrato. A través de la Dirección de Comunicaciones del MOPC intentamos tener una explicación respecto a estos cambios, pero no se tuvo respuestas al cierre de esta edición.