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La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, María Florencia Attademo-Hirt, se negó a participar de la reunión virtual a la que fue convocada, para esta tarde, por la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el fracasado proyecto del metrobús, la cual está presidida por el diputado Ramón Romero Roa (ANR, Añetete).
En una nota que remitió al Parlamento, a la cual tuvimos acceso, la funcionaria del BID en el país enumeró “normativas” de la entidad bilateral –financista del fallido plan–, para declinar la invitación oficial de los congresistas, que desde hace más de un año iniciaron una investigación sobre la traumática obra. En el marco de este trabajo, los parlamentarios ya convocaron a casi todos los involucrados, pero la representante del BID es la única que se negó a cooperar.
En el escrito que remitió Attademo-Hirt a Romero Roa señala que las políticas del BID establecen que “sus funcionarios y empleados no pueden participar directamente en los procesos legislativos o regulatorios de sus países miembros, incluyendo a través de declaraciones o testimonios de sus funcionarios y empleados ante las autoridades legislativas nacionales”. Indicó que por este motivo declinó la invitación que le hicieron el día del presente mes.
Asimismo, la nota resaltó que el artículo XI, sección 1, del “Convenio Constitutivo del BID”, establece que “para el cumplimiento de su objetivo y la realización de las funciones que se le confieren, el banco gozará, en el territorio de cada uno de los países miembros, de la situación jurídica, inmunidades, exenciones y privilegios que en este artículo se establecen”.
Habló incluso de inmunidad a la Justicia
La nota de Attademo-Hirt incluso añadió que, de acuerdo con el “Convenio Constitutivo”, los funcionarios y empleados del BID se encuentran investidos de inmunidad respecto de procedimientos judiciales y administrativos relativos a actos realizados por ellos en su carácter oficial, tal y como lo dispone en el Art. XI, sección 8(a) de “inmunidades y privilegios personales”.
En ese sentido, agregó que la mencionada cláusula indica que “los gobernadores y directores ejecutivos, sus suplentes y los funcionarios y empleados del banco gozarán de los siguientes privilegios e inmunidades: (a) Inmunidad respecto de procesos judiciales y administrativos relativos a actos realizados por ellos en su carácter oficial, salvo que el Banco renuncie a tal inmunidad”.
Resaltó, asimismo, que dentro de las inmunidades y privilegios se encuentra la inviolabilidad de los archivos del BID, por lo cual la documentación del BID y la información contenida en ella tienen el carácter de privilegiada y reservada, tal y como lo dispone en el artículo XI, sección 5 del “Convenio Constitutivo” que establece: “Los archivos del Banco serán inviolables”. Por último, el escrito de la representante del BID indicó que en el caso de Paraguay, solo el Ministerio de Hacienda es la “entidad oficial” para mantener vinculaciones con el banco.
Se permitió encarecimiento del 35%
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desembolsó US$ 30 millones a Mota Engil, empresa que no terminó ni el 30% de lo proyectado en el metrobús. Todas las construcciones realizadas fueron demolidas y además se cuestiona, entre todas las anomalías, trabajos inconclusos cuyas consecuencias se ven incluso hasta hoy. Recordemos que los tramos 2 y 3 se adjudicó a Mota por US$ 54 millones, en febrero del 2016 (G. 300.417 millones), pero el costo se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones). En este caso, la normativa del BID permitió que el sobrecosto de la obra supere el 20% que permite la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.