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Los vecinos frentistas de las compañías Kaita, San Antonio, La Victoria, Potrero Ubalina, Santo Domingo, Arroyo Guazú y Campana, habían cercado con alambrados y carteles varios puntos del tramo, entre el km 145 y el 160, para exigir indemnizaciones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Aseguran que sus tierras son afectadas por la ampliación de la mencionada vía.
Uno de los reclamantes, Francisco Solano Alfonzo Medina, dijo que en la época en que se construyó la entonces ruta 2, hoy ruta PY02, hace unos 40 años, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, sus padres no fueron indemnizados por las tierras afectadas y que nunca se normalizaron los documentos. Los ahora herederos exigen al MOPC el pago por los terrenos afectados, para que así puedan dejar trabajar al Consorcio Ruta del Este SA (Ocho A y Sacyr).
La encargada de la intervención, la jueza de faltas de la Patrulla Caminera, Marcia Almeida de Peña, indicó que el procedimiento fue con el objetivo de liberar la franja de dominio en base a un expediente abierto por la Asesoría Jurídica de la Patrulla Caminera. Añadió que, ante la tenaz oposición de los vecinos, no se tiene de otra que informar el caso a la Fiscalía para una intervención judicial.
Esta corresponsalía intentó conversar sobre el tema con la directora de Bienes e Inmobiliarios del MOPC, licenciada Anatalia Aranda, pero no se pudo dar con ella en su teléfono con terminación 307. Recientemente, la funcionaria había mencionado que cada caso se está estudiando para determinar si corresponde algún trato diferente.
En este caso, había explicado que la primera etapa de las indemnizaciones consistió en la liberación de la actual franja de dominio para que las obras puedan iniciar lo antes posible y, posteriormente, se estableció un cronograma de pagos hasta el año 2022 para el desembolso por las expropiaciones de tierras privadas que serán utilizadas para la duplicación de la vía.
Nativos también se oponen
Unos 200 nativos asentados en un predio ubicado en el km 160 de la mencionada ruta también se encuentran obstaculizando la obra en el mencionado lugar. Los mismos piden asistencias, víveres y la construcción de un puente peatonal sobre el arroyo Guasu. Aseguran que no liberarán la zona hasta tener la asistencia debida por parte del Gobierno Nacional.