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El titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Dany Durand, informó ayer a ABC que con los recursos del plan para lograr el dinamismo económico se construirán 6.000 viviendas en todo el país. Son US$ 40 millones que se ejecutarán a través del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavis), regulado por la Ley N° 3.637, es decir, sin las licitaciones o concursos previstos en la ley 2051 de Contrataciones Públicas.
El uso de la ley 3.637 se cuestiona porque para ejecutar los proyectos de soluciones habitacionales, el MUVH recurre a organismos que prestan el “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, las cuales se encargan de seleccionar “empresas constructoras”, sin licitación y sin un mecanismo de difusión masiva del llamado para posibles interesadas. Es decir, se trata de contrataciones directas que se pagan con dinero estatal y cuyos procesos no dejan huellas, como lo hacen los que se rigen por la ley 2051.
Al respecto, el ministro destacó que así establece la ley y que “no es necesario competir precios”, pues las mismas tienen un precio único de G. 77 millones. En cuanto a la falta de transparencia, dijo que la cartera analiza los proyectos, puesto que el objetivo que persigue es social –prioriza la necesidad de viviendas–.
El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, criticó la falta de transparencia porque las SAT son las responsables de asignar las firmas constructoras, previamente habilitadas por MUVH, pero sin garantías de que exista la posibilidad de brindar una mayor participación a las empresas para una distribución de los recursos. Mencionó que el gremio tiene más de 200 asociados y ni 10 firmas están trabajando con el esquema del Fonavis, lo cual podría ser un indicador de que se estaría trabajando con “empresas” de dudoso origen.