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El proyecto de ley propone que las empresas locales puedan ofrecer sus productos y servicios hasta un 40% más caros que los oferentes extranjeros en las licitaciones públicas (el margen actual es del 20%). Se trata de una modificación del artículo 2 de la Ley Nº 4558, que ya contaba con aprobación del Senado y ahora pasó al Ejecutivo para su promulgación o veto.
La votación se realizó luego de tres horas de debate, en el que la bancada colorada desde el principio expresó su apoyo al incremento del margen de preferencia sin establecer ningún parámetro más que el certificado de origen, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
El diputado Sebastián García (PPQ) cuestionó la falta de bajada de línea clara de parte del partido oficialista, teniendo en cuenta que los responsables de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y los ministerios de Industria y Comercio y Relaciones Exteriores, Pablo Seitz, Liz Cramer y Antonio Rivas, respectivamente, recomendaron establecer topes conforme al tipo de rubro, considerando la limitada oferta local. Sin embargo, los abdistas apoyaron la versión del Senado, sin seguir la recomendación del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hecha a través de los integrantes de su Gabinete.
García destacó que un reporte de Cancillería advierte de las posibles consecuencias internacionales, puesto que el país negoció acuerdos comerciales teniendo el tope de 20% del margen de preferencia en compras públicas y ahora, sería el doble.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) calificó de mentira que esta normativa permitirá aumentar la creación de empleo en esta emergencia sanitaria, porque solo beneficiará a un pequeño grupo de empresarios que ya provee al Estado. En particular, expuso que la industria farmacéutica podrá vender más caros los mismos productos que se importan, un sector que hoy ya provee 70% de las compras de la cartera sanitaria, con solo 4.000 trabajadores.
Por su parte, el diputado Juan Villarejo (PPQ) cuestionó que en plena crisis económica en la que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que no son proveedoras del Estado, apenas están sobreviviendo y muchas se están cerrando, dejando a miles de compatriotas sin empleo, a la vez, como contribuyentes se les obligará a pagar más para el pequeño grupo de empresarios que de por sí ya tienen renta porque el Estado es el mayor comprador.
Los colorados coincidieron en señalar que se trata de una apoyo a la industria, sector que necesita incentivos así como se registra en otros países, como una herramienta para el presente y futuro para proteger los empleos en nuestro país.