Cargando...
La cartera fiscal, según las versiones que trascendieron el fin de semana, maneja dos escenarios posibles de financiamiento de los programas de reactivación: uno, utilizando los préstamos disponibles de organismos financieros internacionales y el otro, además de los préstamos emitir bonos del Tesoro en el mercado local o internacional por un monto de entre US$ 200 millones a US$ 300 millones.
El escenario a ser implementado, de acuerdo con lo que se maneja, dependerá de la versión del proyecto de ley de fondeo del Fondo de Garantía para Pymes (Fogapy) que sea aprobada por el Congreso, cuya definición está actualmente a cargo de la Cámara de Diputados.
El proyecto de Diputados, según había señalado en su oportunidad el ministro de Hacienda Benigno López, se financia con los préstamos aprobados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Fonplata, por unos US$ 261 millones; pero la Cámara de Senadores lo modificó y estableció que el fondeo se haga con recursos de la ley de emergencia sanitaria, que está atado a programas específicos.
Los senadores optaron por la modificación para evitar un nuevo endeudamiento al país, más de lo que ya se autorizó con la ley de emergencia sanitaria de hasta US$ 1.600 millones y, además otros US$ 390 millones de organismos financieros internacionales (ver infografía).
De acuerdo con las explicaciones de los técnicos, si se aprueba la versión del Senado, el Fogapy no tendría financiamiento seguro y se lo deberá cubrir con un préstamo disponible, decisión que obligará a completar los recursos del plan de reactivación con bonos. Sin embargo, de aprobarse la de Diputados no habría necesidad de bonos, porque el referido préstamo disponible será redireccionado al plan de recuperación.
El plan de recuperación está prácticamente listo y, una vez definido el tema de la deuda, se agendará una reunión con el presidente de la República Mario Abdo Benítez para su aprobación final y presentación, lo que se haría en el transcurso de esta semana, según adelantó el ministro López.
Los números lanzados en forma preliminar hablaban de que representaría una inyección financiera del orden de los US$ 2.000 millones y que de ese monto, unos US$ 1.200 millones irían a inversiones en obras públicas.
Además, prevé líneas de créditos de largo plazo, con bajas tasas de interés, para producción, reconversión comercial y capital para emprendedores; un fondo de garantía para las viviendas de familias con ingresos medios; dar prioridad a los insumos e industrias nacionales y Mipymes en las compras y licitaciones públicas.
También aumentar la cobertura de los programas sociales y extender programas temporales de ayuda a los trabajadores formales e informales.
En este contexto, se habla de una nueva versión del Pytyvõ, para cubrir a un segmento importante de todos los trabajadores de la frontera que reclama la ayuda del Gobierno.
Préstamos de la ley de emergencia
La ley de emergencia sanitaria, en su Art. 33, autoriza al Gobierno a contratar préstamos por un monto de hasta US$ 1.600 millones y establece que los fondos serán exclusivamente para financiar las medidas de emergencia y los efectos económicos de la crisis sanitaria del coronavirus, incluyendo gastos corrientes (salarios, jubilaciones, pensiones, subsidios, etc.). En tanto que el Art. 35 incorpora aquellos que se encuentran en trámite administrativo, legal o constitucional, los que se regirán por los montos de sus respectivos contratos, en cuanto a plazos, montos y condiciones. Los montos de los respectivos préstamos se suman a la deuda aprobada.